La senadora opositora Carmen Eva Gonzales sorprendió ayer a la prensa cruceña con un nuevo audio en el que supuestamente habla el exabogado del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas, relatando cómo, por encargo del presidente Evo Morales, el ministro de Gobierno Alfredo Rada, y el viceministro presionaron a jueces y fiscales de La Paz para declarar la culpabilidad de unos brasileños que presuntamente estafaron a otros compatriotas en la instalación de una empresa.
En el CD que la legisladora entregó a los periodistas se observan fotografías de las personas involucradas y de la cadena de mando que siguieron.
Cómo comenzó todo. Según el audio y un documento de ayuda memoria entregado por Gonzales, todo se inicia cuando el brasileño Anderson Giovanni Da Rocha, apodado "el Mero Mero", representante de la empresa maderera "Global Forest", en julio del 2010 llega a Bolivia para presentar una querella contra Jefferson Kill y Claudiney Kolidey, de su misma nacionalidad, quienes fueron acusados de una estafa de 2 millones de dólares.
Una vez en la sede de Gobierno toma contacto con personeros del Ministerio de Gobierno, entre ellos el abogado Rodas, para ejercer presión.
Ocurre que Jefferson Kill y Claudiney Kolidey fueron encomendados a abrir una empresa filial de la Global, llamada "New Forest", pero estos desobedecen y abren otras dos compañías de nombre "Oro Verde" y "Maderas S.R.L", con las cuales se dedican a la compra y comercialización de madera.
Amigo de Lula. Según dice supuestamente Rodas en el audio que Anderson Giovanni Da Rocha, es amigo del expresidente Ignacio Lula Da Silva y este fue quien le recomendó que hablara directamente con Evo Morales, para esclarecer el caso.
Es así que presuntamente Rodas es quien realiza un operativo en la ciudad de El Alto donde detienen a los acusados y secuestran madera y un vehículo Toyota Prado sin estrenar.
Presión a jueces y fiscales. A partir de ahí empiezan a presionar a jueces y representantes del Ministerio Público. Designan al fiscal César Fiorilo y a Isabelino Gómez, (antes que sea nombrado Fiscal de Distrito de Santa Cruz).
Sin embargo, los detenidos alegan inocencia y presentan una acción de libertad que fue declarada procedente, pero Rodas visita al juez Orlando Rodas, de La Paz y lo obliga a que revoque la orden.
Es así que el caso pasa a manos de la juez Betty Yañíquez (antes que sea nombrada Fiscal de Distrito de La Paz) y esta declara la revocatoria de la orden y quedan presos.
La misma historia de Ostreicher. Ahora, han pasado tres años y los dos empresarios brasileños detenidos han acusado paralización del caso e injerencia de los ministerios de Gobierno y Transparencia.
"Todo se arregla con kivos (plata)" dice supuestamente Villegas en la grabación y para hacer ese trabajo recibieron dinero, pero él se alejó del caso, pero los brasileños siguen presos.
La senadora Gonzales señala que una vez más se demuestra que el caso Ostreicher, donde le pedían 50 mil dólares al estadounidense para dejarlo en libertad, es uno de los tantos casos sobre cómo desde el Ejecutivo ordenaban que se meta preso o se saque a alguien, especialmente si son opositores al régimen o tienen alguna vinculación ideológica.
Juicio a Soza
Citaciones tienen que ver con el esclarecimiento de la verdad
A 25 personas. La senadora Carmen Eva Gonzales pidió que citaran para demostrar todo lo que sabían sobre las supuestas extorsiones en las que habría incurrido el entonces fiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza.
Gente conocida. Dijo que entre ellos figuran el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera, hermano del Vicepresidente, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, el empresario Cristóbal Roda, entre otros.
"En el caso de alguna gente conocida en Santa Cruz solamente es como testigos porque ellos sabían de estas extorsiones", dijo.
Corrupción
Dueño de Lotex se declara otra víctima
El expresidente de Lotex, José María Peñaranda, señala en una denuncia enviada a diversas instituciones haber sido víctima de la red de extorsión impulsada por los asesores jurídicos de varios ministerios.
Le ofrecieron protección. En una carta remitida a la Fiscalía General y a las comisiones de derechos humanos de las cámaras legislativas, Peñaranda indica que “la banda de extorsionadores escogía muy bien a sus víctimas; en mi caso la encabezó el señor Boris Villegas que se encuentra hoy detenido en Palmasola por delitos cometidos contra varios empresarios notables. Este señor se apersonó a la empresa Lotex de la cual yo fui representante legal y Presidente Ejecutivo, de marzo del 2006 a diciembre del 2009, a tratar de vender protección a la empresa, como lo hacía con el resto de las otras empresas del rubro del juego, aduciendo que manejaba el Poder Judicial y representaba a altas esferas del Poder Ejecutivo. Me negué a pagar y así acceder a dicha extorsión en variadas ocasiones, con la seguridad de que la empresa mientras la dirigí nunca actuó en contra de la ley, y consideraba que no tenía por qué pagar protección. No me imaginé que luego se podría armar semejante proceso penal mentiroso y actos temerarios e ilegales en mi contra, que derivó en mi injusto encarcelamiento”.
Caso paralizado. En otro párrafo de la misiva, el empresario menciona a los integrantes de la red de extorsión que participaron en su procesamiento, nombrando a Boris Villegas, Francisco Núñez del Prado, Fernando Rivera, Isabelino Gómez, Edward Mollinedo, Aldo Ortiz y Harry Suaznábar.
Dice que en más de tres años no han podido presentar una sola prueba en su contra.
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