El diputado de Unidad Nacional (CN), Jaime Navarro, podría ser suspendido de su cargo en la Asamblea Legislativa entre seis a 12 meses, de ser verificadas las pruebas de la denuncia presentadas en su contra y admitidas ayer por la Comisión de Ética, por cargos de “faltas al decoro” de la Cámara Baja, además por supuestos cobros dobles de su salario, según anunció el presidente de esta instancia, Evaristo Peñaloza, a tiempo de informar que la denuncia intrafamiliar fue derivado al Ministerio Público.
“Después de un amplio debate la Comisión de Ética ha llegado al acuerdo de admitir la denuncia presentada por el abogado de la esposa del diputado Navarro, principalmente por faltas al decoro la honorabilidad y otro es directamente por una denuncia supuestamente de percibir salarios dobles, entonces esto sabemos que compete directamente a dinero públicos y lo vamos ver”, señaló Peñaloza.
Explicó que además se admitió la denuncia porque el abogado presentó algunas pruebas de papeletas de pagos y de comprobarse el hecho dijo que, “el Reglamento de Ética indica que para este tipo de casos, establece de seis meses a un año de suspensión de mandato”.
Dijo que en las próximas horas se notificará a Navarro y a partir de esa fecha se dará un plazo de 10 días para que el denunciado conteste a la demanda.
Al mismo tiempo, Peñaloza dio a conocer que el tema de la denuncia sobre la agresión física que habría incurrido Navarro a su esposa y el caso de la asistencia familiar pasó al Ministerio Público, porque no es competencia del Legislativo.
“Nos han presentado en la denuncia correspondiente por muchos casos y el equipo jurídico ha hecho un trabajo correspondiente donde el caso (intrafamiliar) se trataría en el Ministerio Público porque esta comisión es netamente disciplinario y administrativo”, remarcó el entrevistado.
Navarro lamenta estas acciones y denuncia que se trata de un tipo de extorsión contra su persona que trata de alejarlo de su curul.
El legislador anticipó que no se referirá al caso particular que se ventila en el Ministerio Público, porque involucra estrictamente a su familia y no quiere dañar la salud emocional, mental y física de su hija, aunque aseguró que no cometió ningún tipo de agresión como denunció el grupo político de las "mujeres del proceso de cambio".
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