El juez 11vo de Materia en lo Penal Cautelar, Hugo Huacani, determinó ayer, la detención domiciliaria del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, luego de la lectura de la resolución que generó polémica, la que evitó fundamentar observaciones de fondo, por lo que la Fiscalía presentó el recurso de apelación por la “resolución prevaricadora”, que será puesta en conocimiento de la Fiscalía Departamental.
Luego de más de 8 horas de audiencia, que se instaló a las 15.30, hasta los primeros minutos de hoy, la comisión de fiscales conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla, en audiencia, exigieron al juez Huacani la complementación y fundamentación jurídica sobre su resolución, la cual, advirtieron, será puesta en conocimiento del su inmediato superior, pero este negó el pedido.
En es marco, Terrazas presentó la apelación y señaló el presunto delito de prevaricato, “por lo cual, pedimos a su autoridad, que eleve la resolución y todos los antecedentes en el plazo de 24 horas, sujeto a responsabilidad de acuerdo con la ley”, manifestó ante el juez.
TRANSPARENCIA
Otro aspecto que llamó la atención fue que el Viceministerio de Transparencia, denunciante principal, antes de que se dicte la resolución, pidió la detención domiciliaria, al contrario de los representantes de YPFB y la Fiscalía que solicitaron detención en el penal de San Pedro.
Los abogados Carlos Rodríguez y Vilma Blas negaron, a los medios de comunicación, identificarse y explicar el fundamento legal de esta solicitud.
Sin embargo, otro error en el que incurrió el juez fue que en su resolución puso que Transparencia pidió detención preventiva, aspecto que debe ser enmendado, pero el juez negó también este pedido, pese a que no afectaba su resolución. Esta situación puso en evidencia el nerviosismo que tiene en el cargo que ejerce pocos días y es uno de los egresados de la Escuela de Jueces.
INDICIOS
Dentro de los aspectos generales de la relación de hechos e indicios presentados por la Fiscalía contra Achá, se afirma la supuesta participación irregular de Carmen Tellería, la exgerente legal de “YPFB Andina”, en el proceso de licitación y la elaboración del contrato por el cual se adjudicó a la italiana Drillemc, la compra de tres taladros, por un valor de 148,8 millones de dólares.
El fiscal Jarandilla citó una serie de documentos en los que afirma, se evidencia que Achá evitó firmar el contrato y rescindir el mismo, para deslindar responsabilidades, este elemento está ratificado en la declaración del vicepresidente suspendido, Jorge Sosa, el cual se declaró “defraudado y utilizado” por Achá.
DEFENSA
Por su lado, el abogado Castellón señaló en audiencia que la Fiscalía desconoce las normas y procedimiento técnico legal de este tipo de procesos, por lo cual se incurre en detenciones arbitrarias carentes de fundamentación.
Asimismo, explicó que el reglamento prohíbe a Achá, ser parte del proceso de licitación y descargó toda responsabilidad en Paola Oporto, la jefe de Contratación y responsable del proceso de contrataciones (RPC), quien estaba a cargo de la licitación.
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