La Comisión de Fiscales que investiga el caso de la compra irregular de tres equipos de perforación petrolera, dispuso anoche la aprehensión del expresidente de la estatal petrolera YPFB, Guillermo Achá, quien asistió a la audiencia, donde formuló sus primeras declaraciones sobre este caso, luego de haber sido destituido del cargo la semana pasada. La Comisión de Fiscales, conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla, asumió la decisión, según dijo a los medios de comunicación el abogado defensor de Achá, Héctor Castellón.
El mismo calificó de ilegal la aprehensión dispuesta por la Comisión de Fiscales y anticipó que apelará la medida. Castellón aseguró que el extitular de YPFB hizo una explicación didáctica sobre los procedimientos utilizados para la compra del equipo petrolero, pero, al parecer, esos aspectos no fueron considerados por la Comisión.
La extrema determinación, según fuentes cercanas a la Fiscalía, señalaron horas antes que la medida fue asumida al haberse establecido indicios de responsabilidad de Achá en tres delitos de los cuales se le sindica a quien fuera, hasta hace pocos días, el hombre fuerte de la estatal petrolera.
DELITOS
El Ministerio Público convocó a declarar a Achá, en calidad de sindicado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en la adquisición irregular de tres equipos de perforación de la empresa italiana Drillmec, valorados en más de $us 148 millones.
También fue sindicado por los mismos delitos el suspendido vicepresidente de administración, contratos y fiscalización de YPFB, Jorge Patricio Sosa Suárez.
Achá se presentó en la Fiscalía antes de las 17 horas y allí prestó sus declaraciones en medio de hermetismo de las autoridades. Canales de televisión informaron al promediar la medianoche de este lunes algunos detalles sobre el caso, aunque a esa hora supuestamente continuaba la declaración.
El sindicado es la octava persona en ser cautelada en el caso que se perfila como uno de los hechos más escandalosos de la gestión de Achá y que -por algún momento- pretendió convertirse en una cuestión de Estado, ante la amenaza de la empresa favorecida de recurrir a la cancillería italiana para ejercer presión contra las autoridades bolivianas, en razón a que el contrato para la compra de los taladros fue suscrito a fines de diciembre pasado.
IMPUTACIÓN
El senador opositor, Óscar Ortiz, aseguró que el Ministerio Público cuenta con todos los elementos e indicios para “imputar” al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por la presunta irregular compra de tres perforadoras.
“Después de sus declaraciones el señor (Guillermo) Achá ya debe ser imputado por la Fiscalía que tiene todos los elementos necesarios para sustentar el caso”, declaró el senador Ortiz, quien dijo que seguirá fiscalizando este y otros casos.
Después de haber sido alejado de sus funciones, Achá se apersonó al Ministerio Público para expresar su disposición de declarar. Los fiscales le notificaron para que declare en calidad de sindicado por los referidos delitos.
Ortiz anunció que continuará con su labor de fiscalización y en ese marco solicitará todos los contratos que estuvieron a cargo de la Comisión de Adjudicación de YPFB. En ese marco también pidió al Ministerio Público ampliar sus investigaciones a otros millonarios contratos.
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