Jueza apunta a dos cargos jerárquicos de estatal YPFB

La jueza cuarto Anticorrupción, Melina Lima, pidió a la comisión de fiscales que investiga la presunta adquisición irregular de tres taladros a la empresa italiana Drillmec, convocar a dos funcionarios de altos mandos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quienes supuestamente dieron instrucciones alejadas de las normas de contratación, a los cinco funcionarios que ayer fueron enviados a la cárcel por la autoridad judicial. La resolución no toca al presidente de YPFB, Guillermo Achá, como máximo representante de la entidad.

El texto de las medidas cautelares para los funcionarios de YPFB suspendidos, que formaban parte del Comité de Licitación, indica expresamente que corresponde realizar esa acción fiscal para lograr “llegar a la verdad” dentro del proceso investigativo.

“En esta audiencia se ha dado nombres en relación con funcionarios, como Fabián Rogelio Avilés y Cynthia Novillo, quienes habrían ordenado a los imputados cumplir órdenes. Corresponde al Ministerio Público tomar la declaración de estas personas, quienes podrían ser partícipes o testigos”, señaló la jueza Lima, al momento de leer su resolución.

Avilés se desempeña como jefe de la Unidad Jurídica de YPFB, mientras que Novillo es la gerenta Legal Corporativa de la petrolera. Según los imputados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos, Gizel Siles y Julio Kjari, los mencionados habían dado la orden para, por ejemplo, modificar el documento base de contratación (DBC), entre otros.

Los imputados
Este hecho, según la Fiscalía, se realizó para beneficiar la contratación de la empresa Drillmec, que también es cuestionada en el proceso por no haber presentado documentación fidedigna de su fundación.

Por ese tema, Bustos y Siles fueron enviados a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz y Kjari, a San Pedro de La Paz como detenidos preventivos.

La comisión de fiscales, conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla, también logró enviar a celdas de Palmasola al director interino de Operaciones de Perforación, Bigmarck Serrano, y al gerente de Perforación Corporativa, David Pérez, acusados, como los anteriores, por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Otros nombres
En la audiencia de medidas cautelares, que empezó el jueves y terminó ayer, se nombró a Pedro Pablo Hinojosa Flores, supuesto representante de la firma IDS Intercontinental Drilling Services, y a José Marcos Rejas Gómez, de la Dirección de Operaciones de YPFB, quienes supuestamente influyeron en el proceso de licitación. La Fiscalía aún no aclaró el tema.

Los abogados defensores de los detenidos apuntaron también a Paola Andrea Oporto, gerenta de Contrataciones Corporativa de YPFB, quien, según el jurista Andrés Zúñiga, pudo haber advertido irregularidades en el proceso de licitación y rechazar las enmiendas que ahora son observadas antes de que se firme el contrato, el 7 de diciembre.

“Ella tiene que ampliar su declaración en calidad de denunciada, no de denunciante. Pero además de ella, el directorio de YPFB también tiene que responder por el proceso y no los niveles medios”, resumió.

Medidas cautelares
Sobre las medidas de detención preventiva, el abogado Winter Hinojosa dijo que los juristas defensores apelaron la decisión de la jueza Lima y criticaron que no se tomara en cuenta los descargos. Dijo que “hay una duda razonable, documentada de que no existe la probabilidad de autoría para establecer riesgos procesales para que se los haya detenido”.

El fiscal Terrazas aseguró que en la audiencia el Ministerio Público demostró la probabilidad de autoría en los delitos imputados, mientras que la jueza Lima valoró en su resolución que por haber sido suspendidos de sus funciones en YPFB no tenían trabajo legal y ordenó las detenciones.

Más citados

Ramiro Guerrero, fiscal general del Estado, manifestó en Santa Cruz que en los próximos días ampliarán las investigaciones del caso a más servidores de la empresa estatal, porque durante la recepción de declaraciones a los 15 denunciados por el Ministerio de Justicia, encontró datos sobre participación de más personas.

Sobre la citación a Guillermo Achá, presidente de YPFB, señaló que se refería “a eso precisamente”. Sobre las nuevas convocatorias, el fiscal Jarandilla dijo que su convocatoria o no “será parte de un análisis de la comisión de fiscales y no se descarta ningún nombre”.