Defensa de abogados suspendidos: “Es imposible” sustentar defensa de Gerente de YPFB en caso Drillmec

Andrés Zúñiga, abogado defensor de uno de los tres abogados suspendidos de YPFB, ahora detenido preventivamente por el caso Taladros Drillmec, afirma que es “imposible” sustentar el argumento de la defensa de Cynthia Novillo, exgerente Legal Corporativa de la Estatal Petrolera, quien afirma que sus inferiores sobrepasaron su autoridad para modificar la licitación para la comprar de los equipos por un costo de 148 millones de dólares.

CONTRADICCIONES

El miércoles, el fiscal general Ramiro Guerrero aseveró, en conferencia de prensa, que pese a los argumentos de la defensa de todos los procesados, se encontró varias contradicciones entre las declaraciones de los imputados.

En efecto, en la audiencia del día jueves, la defensa de Novillo expuso argumentos que abren la polémica entre los actuales detenidos, al margen que se han involucrado 23 nombres, de los cuales 16 denunciados por el Ministerio de Justicia.

NOVILLO

Gonzalo Cordero, abogado de Novillo, en audiencia cautelar, admitió que su cliente, mediante el “informe” GLC 733ULGAJ385/2016, tomó conocimiento de las “recomendaciones” hechas para modificar el formulario de licitación para la compra de los tres taladros, entre ellas, la “enmienda III”, elaborada por los asesores legales.

Pero Cordero negó enfáticamente que luego de este informe exista un documento suscrito por Novillo “instruyendo o aprobando” la implementación de las modificaciones, y descargó toda la responsabilidad en sus subalternos, señalando que estos habían sobre pasado su autoridad.

Para la comisión de fiscales, Novillo ordenó y autorizó estas enmiendas, desconociendo el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero.

ANTECEDENTE

Dentro del caso del supuesto favorecimiento, en el proceso de contratación a la empresa italiana Drillmec, para la compra de tres taladros, la Fiscalía sindicó a 16 personas, de las cuales 6 ya están detenidas preventivamente, dos en La Paz, Julio Kjari, miembro del equipo de asesores legales de YPFB, interno en el penal de San Pedro; y desde ayer, Cynthia Novillo, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, quien renunció a YPFB en diciembre de 2016.

En tanto, otros cuatro, que estaban en arraigo familiar, fueron enviados al penal de Palmasola, en Santa Cruz. Se trata del Director interino de Operaciones de Perforación, ingeniero Bigmarck Serrano, y el Gerente de Perforación Corporativa, ingeniero David Pérez; el resto del equipo de asesores legales, Félix Bustos y Gizela Siles, fue suspendido sin goce de haberes.

IMPOSIBLE

Sobre el argumento de la defensa de Novillo; el abogado Zúñiga, defensor de Félix Bustos, criticó la postura de la nombrada, manifestando a EL DIARIO: “un poco difícil, casi imposible, que la justificación de la doctora Novillo le alcance para decir (probar) que ellos (los asesores legales) la sorprendieron en su buena fe”.

Para el jurista, los abogados sólo pudieron sorprender la buena fe de Novillo si se hubiera roto los niveles de comunicación entre las unidades u omitido informes, algo que no pasó.

Al contrario, los subalternos, antes de ser llevados a Santa Cruz, aseguraron que la “recomendación” que realizaron fue avalada hasta por cinco firmas.

FUNCIONARIOS

En la primera audiencia cautelar de este caso, que duró dos días, la pasada semana, Kjari, Bustos y Siles presentaron descargos documentales y aseguraron que el “informe de recomendaciones” que emitieron para la modificación de la licitación, que se publicó para la compra de taladros, fue hecho cumpliendo una “instructiva superior”.

Según la fundamentación de los abogados de la defensa, en ambas audiencias cautelares, la instrucción de flexibilizar los requerimientos para las contrataciones internacionales ha sido dirigida por Novillo el 19 de agosto de 2016 a la entonces jefe de contrataciones, Paola Oporto, quien, a su vez, transmitió la instructiva al jefe de la unidad legal de Santa Cruz, Fabián Avilés (ahora con mandamiento de aprehensión), quien por último instruyó a los tres abogados que se realice las modificaciones, entre ellas la polémica “enmienda III”, que reduce los requerimientos para las empresas que se presentaron.

Sin embargo, algo en lo que coinciden todos los imputados, es que las modificaciones que se implementaron a los procesos de licitación, fueron hechas desconociendo qué empresas se presentarían a la licitación y que no fue determinante para la adjudicación de Drillmec.