La Fiscalía, desconociendo la normativa de contrataciones internacionales, persigue a funcionarios de bajo rango de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que presentaron descargos y que obedecían instructivas de las gerencias Legal Corporativa y de Contrataciones, según el alegato expuesto por la defensa de los cinco funcionarios suspendidos e investigados por la presunta adjudicación irregular de un contrato a favor de la empresa italiana Drillmec, para la compra de tres taladros, por una valor de 148 millones de dólares.
IMPUTACIÓN
Ayer, en audiencia de medidas cautelares, instalada en el juzgado cuarto anticorrupción, a cargo de la Juez Melina Lima, la comisión de fiscales conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla, fundamentó imputación formal contra los cinco funcionarios suspendidos de YPFB.
Fueron imputados el Director interino de Operaciones de Perforación, Bigmarck Serrano Parada y el Gerente de Perforación Corporativa, David Pérez Alba, además de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos Martin, Gizel Siles Roca y Julio Kjari Nina, este último aprehendido en la ciudad de La Paz, todos, por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
Según la Fiscalía, el equipo de cinco funcionarios estaba a cargo de elaborar el formato de la licitación que se hizo pública para la adquisición de los equipos, a la cual se presentaron cuatro empresas.
En ese sentido, la Fiscalía argumenta que de manera irregular, los cinco funcionarios luego de una primera publicación de la licitación, que se declaró desierta, “elaboraron y aprobaron” sin respetar los procedimientos una segunda licitación con tres enmiendas, donde se modificó el precio referencial, de 117 millones a 178 millones de dólares.
Por otro lado, se mencionó que los cinco imputados reunían los riesgos procesales de fuga y obstaculización a la investigación, por no contar con familia ni domicilio conocido, además de no contar con trabajo.
INSTRUCTIVA
Sin embargo, a su turno, los abogados de los cinco funcionarios rebatieron la imputación ante la juez Lima, demostraron que los fiscales omitieron de manera deliberada documentos de descargo presentados en el caso, que fue abierto el 20 de abril.
Entre los documentos omitidos están siete cartas remitidas por la embajada de Italia, en las que afirman, Drillmec cumplía los requisitos necesarios para presentarse a la licitación, como lo reveló el abogado suspendido Felíx Bustos.
Pero otro elemento omitido por los fiscales, fue la carta del 19 de agosto de 2016, donde se señala “para su conocimiento y cumplimiento (intruyendo)”, a los ahora imputados, elaborar tres enmiendas a la primera licitación, con el fin de dar base legal a la adquisición de los equipos en el exterior y se les adjunta los tres elementos que deben ser añadidos a la propuesta de licitación.
Ese elemento fue la base de la defensa de todos los imputados y tomado como una “falta de lealtad procesal” por parte de los fiscales, según alegó ante la juez Mario Villafán, abogado de Gizel Siles.
Norma Espejo, abogada patrocinante de Julio Kjari, detalló que esta instructiva fue emitida en un inicio por Cinthia Novillo, entonces Gerente Legal Corporativa que emite la instructiva a Paola Andrea Oporto Ríos, Gerente de Contrataciones y esta, a su vez, le remite la carta para su cumplimiento a Rogelio Fabián Avilés, jefe jurídico y directo superior de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos, Gizel Siles y Julio Kjari.
MUERTE DE FAMILIARES
En ese sentido, tomando como base estos alegatos, los cinco imputados hicieron uso material de su defensa, solicitando a la juez Lima, funde su fallo en todos los descargos presentados para poder defenderse en libertad y evitar ser encarcelados, pues solo cumplían con las órdenes emitidas por sus superiores.
En la audiencia y ante la impasividad de los fiscales, se reveló que al enterarse de la noticia de la aprehensión, la abuela del ingeniero Bigmarck Serrano, había perdido la vida a causa de un infarto.
En el caso de Siles, esta pedía no ser encarcelada en La Paz y cumplir con la detención domiciliaria en su casa en Santa Cruz, por no contar con familia que la apoye en esta ciudad.
Por su parte, Kajari aseguró que al momento de conocer su suspensión, se encontraba en la frontera, y al contrario de fugar, retornó a La Paz donde tiene domicilio y una familia constituida.
Por su lado, el ingeniero David Pérez pidió que los elementos de prueba y descargo sean evaluados por personal competente, ya que existen varias deficiencias en las auditorias.
En esta línea, hoy la juez Lima, dictará resolución a las 9,00 donde se develará si son detenidos o no.
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