La Fiscalía boliviana apeló la resolución de un juez de dictar arresto domiciliario para el expresidente de la petrolera estatal YPFB Guillermo Achá, acusado de supuesta corrupción, al considerar que merece prisión preventiva.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, dijo este jueves a los medios que consideran que hay actuaciones "irregulares" en el dictamen del juez Hugo Huanacuni tomada la medianoche pasada, en la que solo ordenó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
"Decimos irregularidades porque la autoridad jurisdiccional de manera incongruente ha dictado una resolución que no tenía fundamento", explicó Blanco.
El exejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que la semana pasada fue destituido tras estar en el cargo desde enero del 2015, está acusado de supuestamente haber favorecido la contratación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres taladros por 148,8 millones de dólares.
Además de la detención domiciliaria, Achá tiene prohibido salir del país, acudir a oficinas de la petrolera estatal y debe presentar dos garantes personales para hacer efectivo su arresto domiciliario.
La Fiscalía de La Paz acusó a Achá, detenido desde la madrugada del martes, por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica y había solicitado su detención preventiva en la cárcel paceña de San Pedro.
El fiscal del caso, Ruddy Terrazas, culpó de la determinación judicial al Ministerio de Justicia y Transparencia, que, de forma inesperada, fue la institución que solicitó la detención domiciliaria en lugar de la prisión preventiva.
En declaraciones a los medios, tras la audiencia que terminó en la madrugada, el expresidente de YPFB afirmó que rechaza la petición del Ministerio Público de que se ordene la prisión preventiva cuando él no tiene la intención de abandonar el país o fugarse.
Dentro de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, ya han sido encarcelados otros seis funcionarios de YPFB y la gerente legal de YPFB Andina, una subsidiaria de la petrolera participada por el Estado boliviano y la compañía española Repsol.
Los empleados de YPFB apresados, que son sobre todo del comité de calificación de la licitación, están acusados de haber beneficiado la contratación de Drillmec para la compra de los taladros.
El contrato con la firma italiana fue anulado por el propio Achá cuando la Fiscalía comenzó la investigación.
YPFB es la empresa más grande del Estado boliviano y está a cargo de la dirección total del sector tras la nacionalización decretada por Morales en mayo de 2006.
Desde la refundación de la petrolera en 2006, varios de sus presidentes fueron relevados en medio de denuncias de corrupción.
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