Las denuncias sobre la conformación de una presunta red de corrupción en la Dirección General de Registro y Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) no fueron esclarecidas en el informe oral del ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo la senadora de oposición Jeanine Añez, quien dijo que profundizará las investigaciones sobre el caso.
“El ministro no dio la información de la red de corrupción que se desbarató en Dircabi, el presidente de la Cámara de Senadores lo interrumpió, pero los datos que proporcionó dan pie a que se inicien otras investigaciones y se amplíe contra otras ex autoridades que están involucradas en estos ilícitos”, declaró Añez.
En abril, tras una investigación de ocho meses el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que se descubrió una red de corrupción en la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados que involucra a funcionarios de al menos tres instituciones.
Un mes después de este anuncio la directora nacional de esa institución, Mirtha Jiménez, fue destituida de su cargo porque presuntamente está implicada en esta red de corrupción.
INFORME
El Ministro de Gobierno develó que en los 40 años de vida institucional de Dircabi se consignó 26.308 bienes, entre vehículos, objetos de valor, inmuebles, joyas y dinero en efectivo en investigaciones vinculados con el narcotráfico.
La autoridad aseguró que en gobiernos anteriores estos bienes no fueron monetizados y no se conoce el paradero de una gran parte de los objetos incautados.
“Entre los años 1977-2000 se entregan 4.504 bienes, de los cuales fueron solo el 1 por ciento fue monetizado por una valor de $us 366.342, entre el 2001 al 2006 se consignan 8.371 bienes incautados al narcotráfico, la monetización es del 4 por ciento $us 725.822 recaudados. Desde el 2007 al 2011 se incautan 8.341 bienes, de los cuales se monetizó el 8 por ciento, por un monto de $us 228.510”, explicó la autoridad.
Sin embargo, destacó la gestión que está a cargo de esa cartera de Estado, donde se depositó 5.902 bienes de los cuales se monetizó en una primera parte 117 bienes y posteriormente 2.206 que llega al 51 por ciento de lo incautado. En este caso se recaudó alrededor de $us 3.2 millones.
INVESTIGACIÓN
Por otra parte, Romero indicó que desde el 2012 se realizaron investigaciones administrativas y penales, donde se ordenó la auditoria a unidades departamentales de Dircabi.
“Hemos heredado una institución con demasiados problemas estructurales, no contaba con manuales, directrices ni reglamentos, no existen inventarios de las gestiones anteriores eso dificultó que se pueda tener un dato preciso de los casos”, señaló Romero.
En el caso de Pando se procesó al director regional, Justo Chambi Poma que fue imputado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos, debido al uso de las placas de los vehículos incautados son fines personales.
“A la vez se ordena una auditoria especial respecto de Dircabi Santa Cruz, donde se emite recomendaciones para mejorar la administración de los bienes incautados y confiscados”.
NUEVAS COMPETENCIAS
En la nueva Ley de Sustancias Controladas se le otorga nuevas competencias a Dircabi, además que se pone un orden a esta institución, el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar con la anotación preventiva de los bienes incautados que estén ligados al narcotráfico u otro ilícito, asimismo de la extinción de bienes el cual permite que estos ya no estén ligados al proceso penal que se presenta contra los implicados.
“La anotación preventiva de los bienes es una nueva competencia, en la nueva Ley de Sustancias Controladas se obliga a la Fiscalía y al juzgado que se realice la anotación preventiva de los bienes en derechos reales para resolver el misterio de su destino, aplicar la extinción del dominio que permite independizar el proceso de la extinción de bienes, que son obtenidos ilícitamente, del proceso penal”, expresó Romero.
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