El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, indicó que existen tres factores para que la corrupción continúe presente en el interior de la empresa estatal: el poder político, económico y administrativo.
En diálogo con EL DIARIO, el ahora recluido en la cárcel de San Pedro, expresidente de YPFB dijo: “El Estado debe implementar nuevas tecnologías y debe eliminar las comisiones que están a cargo de las licitaciones”.
“Estos problemas continuarán dentro de YPFB, porque es una disputa del poder político y económico en el interior de la estatal; se crean grupos intocables en el interior, que sí los tocas te arman cualquier proceso. Si continúan trabajando con el modelo de las comisiones, los casos de corrupción continuaran”, expresó Ramírez a EL DIARIO en una entrevista en la cárcel de San Pedro, donde se encuentra recluido.
Guillermo Achá fue destituido de la presidencia de la estatal petrolera por estar presuntamente involucrado en varios hechos de corrupción, durante su gestión que dio inicio desde el 5 de febrero de 2015. El caso más connotado es el proceso de adquisición de tres taladros de perforación valuados en $us 148.8 millones.
Ramírez manifestó que las empresas estatales que están a cargo de la producción y administración de los recursos naturales de un determinado país son importantes porque los estados dependen de ellos. En el caso de Bolivia, este depende de los recursos económicos que la empresa obtenga por la venta de los hidrocarburos.
Por eso es necesario que los procesos de licitación y contratación deber ser transparentes, deben ser publicados para evitar que más casos de corrupción se generen en el interior de la estatal.
TRANSPARENCIA
Para evitar que continúen con estos casos de corrupción, se debe implementar una plataforma virtual en la empresa estatal, con la finalidad de transparentar los procesos de contratación, las licitaciones de los proyectos.
“En el caso de las licitaciones, cualquier proyecto que se presente será publicada la información, el proceso será más transparente. Ya no habrá la directa negociación de las empresas privadas con los encargados de las diferentes comisiones de la empresa estatal”, fundamentó Ramírez.
Otra de las nuevas implementaciones que el Estado debe realizar es la creación de un ministerio de tecnologías de la información y comunicación, el cual permitirá que se implemente un software de última generación para eliminar la burocracia y la corrupción en el país.
PROSPECCIÓN
Uno de los puntos que también observó el expresidente de YPFB es que Bolivia no cuenta con una empresa de prospección y exploración de los recursos hidrocarburíferos, la estatal petrolera solo está a cargo de la administración de las reservas de gas que cuenta al momento, pero no se realizaron más estudios para la exploración de campos de reservorio de gas.
“Bolivia no cuenta con una empresa de prospección y exploración que eso debe ser lo más importante para el país. Es posible que dentro 10 años más ya no contemos con reservorios de gas, lo cual será lamentable y afectará al estado. Esta debe ser la primera tarea del Gobierno, crear una empresa de exploración y prospección”, destacó Achá.
Por último, resaltó la necesidad de conocer los reservorios de gas que tiene el país, “YPFB no produce ni un solo barril de petróleo y ni un solo metro cúbico de gas, lo único que hace es administrar las reservas de hidrocarburos que se hallaran en anteriores exploraciones”, precisó.
ANTECEDENTES
La empresa estatal se vio envuelta en varios hechos de corrupción en al menos cinco gestiones. En esta medida, Jorge Alvarado (2006), Juan Carlos Ortiz (2006-2007), Manuel Morales Olivera (2007), Guillermo Aruquipa (2007-2008), Santos Ramírez (2008-2009), Carlos Villegas (2010-2014) y Guillermo Achá (2015).
Ramírez fue posesionado el 12 de marzo de 2008, fue una de las más criticadas debido a que se iniciaron 12 procesos por presuntos hechos de corrupción.
Ordenó la conformación de la empresa YPFB-Sipsa y suscripción de contrato de recalificación de garrafas. En el segundo caso Catler Uniservice, el expresidente fue acusado por corrupción en la adjudicación de obras a la empresa mencionada, la cual estaba encargada de la construcción de la Planta Separadora de Líquidos (Río Grande-Santa Cruz).
También resaltan otros diez casos con diferentes denominaciones: caso Mario Cossio Mac Galem y otros, caso Daesung, caso medidor volumétrico, caso “telas”, caso “zapatos”, caso Estación de Servicios Uruguay, caso camisas y blusas, caso Advisory Group y caso falsificación.
Los hechos comunes que se presentaron en la empresa estatal, se refieren a contratos lesivos contra el Estado, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, accidente de tránsito, atraco y asesinato del empresario tarijeño Jorge O´Connor D‘Arlach. Además del robo de llantas y baterías, una red de corrupción en la unidad de comunicación y, finalmente, el caso de las narcocisternas.
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