Fiscalía amplía pesquisa a otros contratos de Westeco

Los contratos firmados entre la empresa Westeco y la Alcaldía, por la adquisición de un sistema de integración de 136 cámaras de vigilancia (Bs 2,9 millones), por la compra de un Video Wall para el Centro Automático de Despacho de la Policía (Bs 473.280) y por los equipos de monitoreo y vigilancia del Frigorífico Municipal (Bs 111.300), son investigados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.

Los fiscales Iván Ortiz y Fanny Alfaro ‘navegan’ en la información obtenida durante el allanamiento realizado a Westeco, para verificar si existen indicios de actos ilícitos en los negocios que realizó esta firma con la municipalidad entre mediados de 2014 y principios del año pasado.

Westeco, de propiedad de Paúl Cuéllar, aparece como la empresa importadora del dron que es parte del equipo de monitoreo móvil que la Policía no le aceptó a la comuna y que, de acuerdo con Ortiz, fue comprado en $us 60.000 por la firma Army Security y vendido a la Alcaldía por $us 90.000.

Debido a estos elementos Carlos ‘Chichito’ Padilla, dueño de Army Security, fue enviado al penal de Palmasola dentro de las investigaciones que el Ministerio Público sigue por los supuestos actos de corrupción cometidos al momento de adquirir el centro de monitoreo móvil, vehículo que está precintado en los ambientes de la antigua terminal desde 2015.
La comisión que está a cargo de estas investigaciones también decidió ampliar sus pesquisas a todas las actividades comerciales que sostuvo la firma de Cuéllar con la municipalidad y así saber si hay más contratos que se adjudicaron.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, dijo desconocer los contratos y aclaró que ella no es parte del Ejecutivo municipal, instancia en la que se definieron estas adquisiciones. La legisladora dijo respetar el trabajo de los fiscales.

A su vez, el abogado de Cuéllar, Wilson Vilches, indicó que su defendido está delicado de salud y aseguró que responderá a todos los cuestionamientos que tienen los fiscales.

Detención vigente
La orden para detener a Paúl Cuéllar sigue vigente. El abogado Vilches trató de anularla, pero la decisión de los fiscales se mantiene invariable.
El jurista dijo que su defendido está delicado de salud, razón por la cual no se ha presentado a dar su versión de los hechos y ha pedido una nueva revisión médica, situación que aún está pendiente de resolución.
EL DEBER tuvo acceso a la documentación de dos contratos, la adquisición del sistema de integración de 136 cámaras de vigilancia y la de un Video Wall para el Centro Automático de Despacho policial.

En ambos se puede observar que aparecen los nombres de José Canudas, Ernesto Péterson y Guisela Garrido, que son investigados por la Fiscalía en el caso del centro de monitoreo móvil armado por Padilla para la Policía