Gabriela Zapata pagó 50 mil dólares a las hermanas Martha Ximena, María Elena y Ana María Fortún Taborga como anticipo por la compra de la casa donde residía. La transacción salió a la luz luego que una de las dueñas de la vivienda, Ana María, se quitara la vida y que la Fiscalía revelara que Zapata nunca adquirió el inmueble en anticrético, sino que lo habría comprado por 600 mil dólares.
Según el recibo, al que accedió Red UNO, Zapata entregó el dinero el 20 de marzo de 2015 “por concepto de pago de adelanto por la compra” del inmueble ubicado en la calle La Floresta 18 de la urbanización La Rinconada, en la zona sur de la ciudad de La Paz. El documento lleva la firma de la exnovia del presidente Evo Morales y de las hermanas Fortún. Aunque las tres figuran como vendedoras, en el recibo se lee que la propietaria de la casa es Martha Fortún Taborga.
Ana María Fortún, de 39 años, quien también firma el recibo, se suicidó la mañana de ayer dejando una nota en la que dice: “He tomado la determinación de terminar con todo. Los muebles, todos mis muebles, son para mi nana Paulina Poma, televisores, el toca música, todo”.
DETENIDA Su hermana, Martha Ximena, fue enviada el miércoles con detención preventiva a la cárcel de Obrajes, imputada de cuatro delitos por la Fiscalía debido a su presunta participación en la suplantación del hijo de Zapata y Evo Morales. Lucía Aliaga, hija de la acusada, indicó a OPINIÓN que su otra tía, María Elena, también falleció el año pasado. Con ello, solo queda viva una de las hijas de Guillermo Fortún, hombre fuerte de Acción Democrática Nacionalista y del gobierno de Hugo Banzer (1997-2001).
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer: “los elementos que tenemos (en la investigación) son contra la señora Ximena Fortún” y que al menos en el caso de trata de personas abierto contra Zapata “no existe nada” sobre Ana María.
Guerrero indicó que el Ministerio tiene documentación que da cuenta que Zapata no pagó 260 mil dólares como anticrético por la casa de La Rinconada, como se informó anteriormente. “Era prácticamente una compra-venta que estaba haciendo la señora Zapata por una suma de alrededor de 600 mil dólares”, desveló.
El hecho no es admitido por la familia Fortún. “La casa no se está vendiendo, es un anticrético y el papel está en la Fiscalía”, aseguró ayer Aliaga. El miércoles, su madre dijo que iba a pedir que Zapata desaloje su inmueble. “No lo tiene comprado”, dijo.
El 14 de abril de 2016, en su declaración informativa como testigo en el caso de enriquecimiento ilícito contra Zapata, Ana María Fortún informó que el contrato de anticrético por la casa fue firmado en junio de 2015, meses después del recibo de adelanto por la compra, entre Zapata y su hermana Ximena por 260 mil dólares. Ese monto, detalló, se pagó con tres depósitos a su cuenta bancaria: el primero de 200 mil, el segundo de 50 mil y el tercero de 10 mil.
En su comparecencia, Ana María explicó que vivió en esa casa por 25 años y que la recibió como herencia de sus padres junto con sus hermanas. Aseguró que Ximena se hizo cargo del contrato de anticrético y que lo firmó por ella y por su otra hermana (María Elena). Por tanto, dijo desconocer si el contrato fue notariado o registrado en Derechos Reales.
15 Detenidos en caso Zapata
Desde febrero, han sido detenidas al menos 15 personas vinculadas con Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, que ahora enfrenta dos proceso, por trata y tráfico de personas y por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
Choque pide proceso abreviado
Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia, pidió ser sometida a un proceso abreviado, lo que implica declararse culpable, en el caso que la Fiscalía sigue por presuntamente favorecer a Gabriela Zapata con el uso de bienes y espacios del despacho gubernamental. Sin embargo, la Fiscalía anticipó que busca que todos los implicados en el caso Zapata sean sometidos a un juicio oral.
“Ya hemos solicitado en forma oral al fiscal un proceso abreviado para la señora Choque”, señaló a OPINIÓN Martha Requena, su abogada. “Si no aceptarían, igual tenemos que seguir con el proceso”, acotó.
A decir del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aunque no se descarta analizar los pedidos de proceso abreviado que surjan, “lo que quiere el Ministerio Público es demostrar en un juicio oral la comisión de los delitos” presuntamente cometidos en el caso.
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