La empresa china CAMC contrató a Gabriela Zapata Montaño, expareja del presidente Evo Morales, como su gerente comercial, pero la compañía no pagó AFP ni la registró como empleada ante el Ministerio de Trabajo, como exigen las leyes laborales de Bolivia.
De acuerdo al requerimiento conclusivo de acusación que presentó la Fiscalía, Zapata fue contratada por la firma china CAMC sin la exigencia de mayores requisitos que correspondan al perfil laboral necesario para que cumpla esa función.
El Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la firma estatal china y Gabriela Zapata señala que fue por 144.000 dólares, y la exnovia del Jefe de Estado percibió mensualmente un sueldo de 3.000 dólares.
Ante la pregunta que formuló el senador Óscar Ortiz, en la Petición de Informe Escrito 227/2016-2017 "¿Si la empresa china CAMC efectuó aportes a favor de la expareja de Morales en las gestiones de 2012, 2013, 2014 y 2015?”, el viceministro de Pensiones de Servicios Financieros, Mario Guillén, informó que "la señora Gabriela Geraldine Zapata Montaño no cuenta con registro como Asegurada a la Seguridad Social de Largo Plazo en BBVA Previsión AFP S.A. ni en Futuro de Bolivia S.A. AFP”.
La única excepción para que la china CAMC no pague AFP es que haya contratado a Zapata como consultora, según la normativa.
De acuerdo al procedimiento para consultores al Sistema Integral de Pensiones (SIP), todo consultor de línea, consultor por producto o consultor extranjero cuyo contratante sea una representación internacional acreditado ante el Estado Plurinacional de Bolivia no se encuentra en la obligación de efectuar el pago de contribuciones al SIP, pudiendo realizarlo de manera voluntaria.
Por otro lado, el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, aseguró, en mayo pasado mediante un informe escrito, que la CAMC -que firmó contratos con el Estado boliviano por más de 500 millones de dólares- inició actividades el 16 de mayo de 2014, presentando de manera trimestral las planillas correspondientes y otros documentos que exige su cartera de Estado.
En ese sentido, entre otros documentos, menciona que la CAMC presentó el "Formulario de Registro Obligatorio de empleadores, cuya información refleja un total de 377 trabajadores incluyendo los montos que corresponden a los aportes de seguro social de corto y largo plazo declarando información adicional a la sucursal ubicada en la ciudad de Cochabamba”.
Al concluir señala que en los archivos y registros del Ministerio de Trabajo "no se cuenta con ningún contrato a nombre de la señora Gabriela Zapata”, asimismo "no se habría reportado alguna relación laboral con la mencionada señora por parte de la empresa china CAMC enginnering co Ltda Bolivia Branch”.
El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Arturo Murillo, solicitó a la Fiscalía la pronta convocatoria de los ejecutivos de CAMC debido a que infringieron varias normas laborales, tomando en cuenta que toda empresa internacional que opera en Bolivia se rige bajo leyes bolivianas.
Indicó que en mayo, mediante memorial, solicitaron a la Fiscalía la comparecencia, pero "hicieron oídos sordos”.
Antelo y Grundy, vinculados a Zapata, no figuran en la acusación
Sigfrido Antelo Suárez y Dennis Grundy, operadores de Gabriela Zapata Montaño (la expareja del presidente Evo Morales), no figuran en la lista de acusados que presentó la Fiscalía por el caso de uso indebido de las oficinas de la Unidad de Gestión Social dependiente del Ministerio de la Presidencia.
La Fiscalía señala en el requerimiento conclusivo de acusación dice que Antelo fue quien abordaba a las presuntas víctimas, "mencionando que tenía contacto con una mujer de bastante influencia y de llegada directa con la primera autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia”. Grundy se reunía con Zapata en oficinas de Gestión Social.
En mayo pasado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que la exenamorada del presidente Evo Morales y Cristina Choque, exdirectora de Gestión Social, eran líderes de una organización criminal integrada por al menos tres supuestos cómplices: Ricardo Alegría Sequeiros, exfuncionario de la Cámara de Senadores; Carlos Marvin Ramiorez, operador político, ambos detenidos preventivamente, y Antelo (prófugo).
Antelo de sobrenombre Pipo -explicó Quintana- tenía el papel, en la organización criminal, de ser el enlace con empresarios nacionales. Además que tiene antecedentes penales, un proceso por estafa en el año 2000 y otro proceso por estelionato en 2011.
"Existe información que vincula a Antelo con casas de juego ilegales en la ciudad de Santa Cruz, aspecto que debe ser investigado por la Fiscalía”, se indicó en las diapositivas que presentó el ministro Quintana.
En una anterior oportunidad se consultó por el paradero de Antelo al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, quien dijo que éste era investigado. Posteriormente, se le preguntó al fiscal general, Ramiro Guerrero, sobre Grundy y dijo que había solicitado un juicio abreviado, pero que estaba aún en análisis.
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