El fiscal general, Ramiro Guerrero, asegura que la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, no incurrió en el delito de “daño económico contra el Estado”, y que se llegó a esta conclusión, porque “no se ha investigado” nada relacionado con la empresa China CAMC, ya que los contratos de esta empresa con el Gobierno fueron investigados en la Asamblea Legislativa.
Ante las dudas y graves críticas que ha generado la revelación de resoluciones emitidas ayer por el Ministerio Público, por las que ha sobreseído a Zapata de cuatro delitos y se ha rechazado denuncia por otros tres, Guerrero ofreció una conferencia de prensa en la que negó que se esté favorecimiento a la expareja del presidente Morales.
NO SE INVESTIGÓ
Al ser consultado sobre cómo se llegó a la conclusión de que Zapata y los otros coimputados no cometieron delitos contra el Estado, Guerrero respondió: “Se ha llegado a esta conclusión por el modus operandi que tenía la señora Zapata. Era una especie de lobbysta (hacia gestiones). Ella sacaba dinero a empresarios, a gente que tenía que adjudicarse alguna obra, (...) algo que queremos dejar claramente establecido y lo hemos dicho desde un primer momento, es que el Ministerio Público no ha investigado los contratos de la empresa CAMC”, enfatizó Guerrero.
La autoridad justificó que la determinación de no investigar los contratos que la CAMC fue tomada debido a que estos fueron parte de un proceso investigativo por parte de una comisión especial del Órgano Legislativo. “No puede hacerse una doble investigación, hay una resolución y conclusiones. Por lo tanto, producto de esa investigación es que se determina la exclusión (de Zapata como autora) en algunos delitos, pero también la participación en otros”, remarcó.
NO RESPONDE
Sin embargo, Guerrero negó explicar cuáles fueron los elementos puntuales que eximen de responsabilidad legal jurídica a los miembros de la CAMC, siendo que la investigación hecha en el ámbito político tampoco citó o pidió informe a esta empresa.
La duda queda de manera clara ante la opinión pública, siendo que los procesos se iniciaron bajo la lógica de que por la relación amorosa de Zapata con el presidente Morales (que derivó en el reconocimiento legal de un hijo) la empresa CAMC se benefició con estos contratos, gracias a este nexo, pero los mismos no han sido esclarecidos.
Ante la insistencia de los periodistas sobre cuál es el fundamento para no investigar las supuestas gestiones que hizo Zapata para favorecer a CAMC con los contratos, Guerrero expresó su molestia y señaló que no se puede seguir explicando algo que para él estaba claro.
Dicha molestia surgió luego de que se le recordara que en la primera imputación, por la cual Zapata fue envida con detención preventiva, figuraba el detalle de que la firma de contratos, entre CAMC y el Gobierno, se había realizado en la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, a instancias de Zapata.
La única explicación, por parte del fiscal, fue que esa primera imputación al igual que las tres posteriores, tenían carácter “provisional” y que ahora se trabajaba con lo que se tiene en la acusación, dejando empero, otra vez en duda, cuáles fueron los fundamentos para descartar estos presuntos delitos.
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