Condenan a 4 años de prisión a un exalcalde del MAS

El Tribunal de Sentencia de Uncía condenó a 4 años y 6 meses de prisión al exalcalde de Chuquihuta, Mario Choque Acapana (MAS), en un juicio abreviado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Juan Colque miembro del Tribunal, informó a Pío XII de la red Erbol, que exalcalde elegido en 2010, admitió la compra fraccionada de antenas parabólicas, compra irregular de transformadores y manejo irregular de dineros. El proceso concluyó el fin de semana y la exautoridad se comprometió a resarcir daños económicos.

Choque fue devuelto a la cárcel de San Miguel de Uncía, donde ya estuvo en diciembre de 2014, por orden de la juez Ximena Quintana Cors por incumplimiento de deberes y uso de instrumento falsificado.

Según datos de la Fiscalía, el año 2013, Choque utilizó una resolución del Concejo Municipal ilegal para gestionar ante el Ministerio de Economía, el descongelamiento de las cuentas bancarias de ese municipio de Chuquihuta.

En las averiguaciones se pudo conocer que esa resolución no fue emitida por cuanto no hubo sesión del Concejo Municipal, además que dicho documento llevaba la firma de Nicasio Acero, un concejal que había renunciado en abril en ese mismo año, por tanto, impedido de firmar el documento.

Chuquihuta es el cuarto municipio de la provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, donde Mario Choque acumuló varias imputaciones o responsabilidades por presuntos delitos de corrupción.

El mismo Tribunal sentenció a 12 años de prisión a un exalcalde del municipio de Ocurí, 8 años a un exconcejal y 4 a una exautoridad por conducta antieconómica y daños a la comuna. Según Colque, en aquella oportunidad no se aplicó la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El exalcalde y el exconcejal cumplieron su condena y se acogieron a beneficios para abreviar esa sentencia. En ese tribunal también se encuentra el caso del exalcalde de Pocoata, Teodoro Rueda, acusado por feminicidio contra una enfermera de ese municipio.

El caso ingreso en junio del 2015, pero se estancó porque no pueden notificar a los familiares de la víctima para la audiencia inicial.