La Fiscalía de La Paz determino ayer miércoles la aprehensión de la exministra de Desarrollo Rural y Tierra, Nemesia Achacollo, por la presunta comisión de delitos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, al identificar irregularidades en la ejecución de distintos proyectos en el ex Fondo Indígena, donde hubo defraudaciones por más de cien millones de bolivianos.
La exministra llegó a la Fiscalía a las 16.00 horas, para completar su declaración, que quedó en cuarto intermedio, desde hacía dos semanas, aduciendo mal estado de salud. Antes de ingresar al recinto dijo que no tenía miedo a la detención, porque no había “robado”.
Sin embargo, a las 18.40 horas fue aprehendida, debido a que existen suficientes elementos de convicción de los delitos que habría cometido, de acuerdo con el informe de la comisión de fiscales, que ordenó la detención de Achacollo.
El proceso se activó a denuncia de la Contraloría General del Estado, que en febrero de 2015 reveló que había 153 proyectos irregulares en el ex Fondo Indígena, los cuales implicaban daño económico de 71 millones de bolivianos, de acuerdo a Erbol.
INVESTIGACIÓN
Anghelo Saravia y César Campero, de la comisión de fiscales, investigaron los procedimientos administrativos del ex Fondo Indígena, y detectaron irregulares en la aprobación de proyectos y desembolsos de recursos, y por ello detectaron incumplimiento de deberes de la exministra Achacollo, que además de ser cabeza del sector como ministra, era Presidenta del Directorio del Fondo. Se le atribuyó también favorecimiento ilícito, entre las acusaciones que pesan sobre la exautoridad.
Por tal motivo, la Fiscalía emitió la orden de aprehensión, y ahora espera en celdas de la Fuerza Especial de lucha Contra el Crimen por sus medidas cautelares.
RESOLUCIÓN
Según la resolución de aprehensión, de acuerdo a ley, la imputada tenía la obligación de controlar y fiscalizar cada cierre de gestión de los proyectos ejecutados con recursos del Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, mediante informes de los directores ejecutivos, ahora imputados y privados también de libertad.
Asimismo, debía fiscalizar las operaciones de su gestión, incluyendo los estados financieros auditados por auditoría externa, para que el mismo sea remitido al Ministerio de Economía y al Contralor General del Estado.
El documento establece que del 2010 al 2014, durante la gestión de Achacollo, como ministra de Estado, aprobó varios proyectos de financiamiento que fueron supervisados por la Contraloría General del Estado, los que detctaron irregularidades, tales como la no ejecución de proyectos y la insuficiencia del plan de desembolsos.
Además, se estableció que los directores ejecutivos, desde la gestión 2010 hasta el 31 de octubre de 2014, no realizaron el seguimiento permanente a los 153 proyectos y a los dineros desembolsados, causando grave daño económico al Estado, motivo por lo que se inició un proceso penal en contra de varios sujetos procesales del directorio, directores ejecutivos y beneficiarios del Fondo Indígena.
En ese marco, se evidenció los suficientes elementos de convicción material que fundan la participación de la imputada como presidenta del Fondo Indígena y máxima autoridad ejecutiva, con una serie de atribuciones determinantes que no fueron cumplidas y exigidas en su gestión.
DECRETO
De acuerdo con el Decreto Supremo 28571, Achacollo, como Presidenta del Directorio Fondo Indígena, tenía la obligación de aprobar o rechazar el financiamiento de todos los proyectos a suscribirse por el Fondo Indígena, mediante resoluciones ministeriales expresas, registradas en actas.
En ese marco, se estableció que Achacollo aprobó el desembolso de proyectos fantasmas que no cumplieron con todos los requisitos exigidos por ley, como ser el informe técnico, financiero y jurídico, antes de emitir la correspondiente resolución ministerial.
Dicha obligación no fue cumplida por la imputada; al contrario, aprobó proyectos sin observar el procedimiento y exigir requisitos de fondo y de forma, además autorizó llanamente el desembolso de recursos económicos del Estado, permitiendo que estos recursos vayan a parar a manos de particulares de manera ilegal.
INFORME
En enero de 2015, la Contraloría General del Estado denunció daños al Estado por 71 millones de bolivianos, por 105 obras no ejecutadas con recursos de esos fondos, las que estaban destinadas exclusivamente a organizaciones sociales.
Tras un año de la apertura de las investigaciones suman 29 personas detenidas preventivamente, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos y la dirigente indígena Melva Hurtado.
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