“La Fiscalía ha realizado una investigación exhaustiva para absolver todas las cuestionantes inherentes a los proyectos que fueron observados en la gestión de la exministra Achacollo. Nosotros queremos dejar en claro que no existe ninguna presión política, nosotros actuamos bajo los principios de objetividad y legalidad, toda vez que los indicios son serios, por lo que se ha visto por conveniente emitir la resolución de aprehensión”, señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco.
Según la resolución de aprehensión, de acuerdo a ley la imputada tenía la obligación de controlar y fiscalizar cada cierre de gestión los proyectos ejecutados con recursos del Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), mediante informes de los directores ejecutivos, ahora imputados y privados de libertad.
Asimismo, debía fiscalizar las operaciones de su gestión, incluyendo los estados financieros auditados por auditoría externa, para que el mismo sea remitido al Ministerio de Economía y al Contralor General del Estado.
El documento establece que en 2010 al 2014 durante la gestión de Achacollo, como ministra de Estado, aprobó varios proyectos de financiamiento que fueron supervisados por la Contraloría General del Estado debido a algunas irregularidades detectadas, tales como la no ejecución de proyectos y la insuficiencia del plan de desembolsos.
Además se estableció que los directores ejecutivos desde la gestión 2010 hasta el 31 de octubre de 2014 no realizaron un seguimiento permanente a los 153 proyectos y a los dineros desembolsados, causando grave daño económico al Estado, motivo por lo que se inició un proceso penal en contra de varios sujetos procesales del directorio, directores ejecutivos y beneficiarios del Fondo Indígena.
En ese marco, se evidenció los suficientes elementos de convicción material que fundan la participación de la imputada como presidenta del Fondo Indígena y máxima autoridad ejecutiva con una serie de atribuciones determinantes que no fueron cumplidas y exigidas en su gestión.
De acuerdo con el Decreto Supremo 28571, Achacollo como Presidenta del Directorio Fondo Indígena tenía la obligación de aprobar o rechazar el financiamiento de todos los proyectos a suscribirse por el Fondo Indígena, mediante resoluciones ministeriales expresas, registradas en actas.
Se estableció que Achacollo aprobó el desembolso de proyectos fantasmas que no cumplieron con todos los requisitos exigidos por ley como ser el informe técnico, financiero y jurídico antes de emitir la correspondiente resolución ministerial.
Dicha obligación no fue cumplida por la imputada, al contrario aprobó proyectos sin observar el procedimiento y exigir requisitos de fondo y de forma, además autorizó llanamente el desembolso de recursos económicos del Estado, permitiendo que estos recursos vayan a parar a manos de particulares de manera ilegal.
En enero de 2015, la Contraloría General del Estado denunció un daño al Estado por 71 millones de bolivianos por 105 obras no ejecutadas con recursos de esos fondos destinados exclusivamente a organizaciones sociales.
Tras un año de la apertura de las investigaciones, suman 29 personas detenidas preventivamente, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos y la dirigente indígena Melva Hurtado.
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