El Fondo de Desarrollo Indígena, creado en reemplazo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fdppioycc), prevé tres mecanismos de control para evitar malos manejos en su administración: un Sistema de Monitoreo y Evaluación, control social por parte de los beneficiarios y la contratación de auditorías externas. Así lo informó a OPINIÓN Eugenio Rojas, director general de la nueva entidad, quien prevé que los desembolsos a nuevos proyectos comenzarán en enero o febrero del próximo año.
Además de restarle atribuciones a las organizaciones sociales, las que ya no aprobarán proyectos a financiar ni administrarán recursos de la entidad, como ocurría con el Fdppioycc, Rojas indicó en el Fondo de Desarrollo Indígena habrán tres tipos de control. El primero, detalló, lo constituye el Sistema de Monitoreo y Evaluación a cargo del propio Fondo, el cual supervisará la ejecución diaria de los proyectos y que incluso contempla inspección física en los lugares de implementación.
El segundo control estará a cargo de organizaciones sociales y de los destinatarios del apoyo. “Los beneficiarios, como ya no van a ejecutar recursos, tienen que hacer control social”, dijo Rojas. El tercer mecanismo será externo: “una especie de auditorías externas, nos tiene que controlar a nosotros, y sobre todo a los proyectos”, complementó.
El nuevo Fondo fue creado mediante el Decreto Supremo 2493, aprobado el 26 de agosto de 2015. Rojas señaló que ahora se trabajará directamente con los gobiernos municipales del país, quienes recibirán los recursos, o a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS). Los desembolsos, añadió, comenzarán en agosto con 216 proyectos productivos pendientes de la anterior administración. Existe otra cantidad de proyectos pendientes que “tienen que ser puestos en orden”, indicó.
En cuanto al desembolso a nuevos proyectos, el director adelantó que se tiene previsto que ello comience en enero o febrero de 2017. Previamente, explicó, se harán talleres departamentales sobre elaboración de proyectos, los cuales darán paso a otros talleres más específicos y acerca de iniciativas productivas concretas. De ese modo, se espera que en noviembre de este año, los municipios entreguen sus proyectos concluidos para revisión. Los proyectos serán revisados por el Fondo y por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el cual emitirá una resolución ministerial como aval, dijo Rojas. Luego y antes del desembolso, los proyectos serán remitidos al Viceministerio De Inversión Pública y Financiamiento Externo para una nueva revisión.
“Ya no hay Directorio, está solo el Director General”, indicó Rojas sobre la estructura de la nueva entidad. El Decreto 2493 dispone además un Consejo Consultivo, presidido por Desarrollo Rural y Tierras y conformado por otros cinco ministerios y cinco organizaciones sociales. Entre otras funciones, el Consejo hará recomendaciones para una mejor implementación de políticas, programas y proyectos; y fiscalizará el financiamiento y ejecución de esos últimos.
El daño económico al Estado por el desvío de recursos y otras irregularidades en el Fdppioycc fue calculado en al menos 173 millones de bolivianos. Las anomalías encontradas derivaron en 52 denuncias ante la Fiscalía y la detención preventiva de nueve presuntos responsables, entre ellos dirigentes de organizaciones sociales, representantes legales de los proyectos y exfuncionarios del Fondo. La Fiscalía incluyó recientemente como investigada a la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo.
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