Prosol, convertido en un nido de corrupción

Ocho años después de su puesta en marcha, el programa Productivo Solidario Comunal, el archiconocido Prosol, sigue siendo paradójicamente el gran desconocido para la población tarijeña.

Desde que la Federación de Campesinos, con Luis Alfaro al frente, lo arrancara a punta de bloqueo a la Gobernación de Tarija de Mario Cossío, reglado todavía con una Ley Nacional, son más de 200 millones de dólares los que han sido transferidos desde las arcas públicas a las manos privadas, en este caso, las de los campesinos.
Si bien el proyecto inicial apostaba por el individuo – familia, con el tiempo se vio la necesidad de concentrar esfuerzos y la unidad central pasó a ser la comunidad, incluso vía reglamento se obligó a concentrar las iniciativas en planes quinquenales para lograr cambios a largo plazo. La apuesta del bono, tan neoliberal, se convertía así en un esfuerzo comunal, más “socialista”.
En el imaginario colectivo, el Prosol llega a las comunidades y se reparte en efectivo de forma que “cada campesino hace lo quiere con esa platita”. Esta idea no dista tanto de la jerga que utilizan los propios beneficiarios que hablan de “cobrar su Prosol” o castigar “sin Prosol” a comunarios rebeldes. Lo cierto es que eso ya no sucede, o no debería. Las comunidades plantean su proyecto a largo plazo y deciden el destino de los fondos. El mismo debe ser aprobado por unanimidad, de ahí que se haya retorcido el reglamento para permitir hasta dos o tres iniciativas por comunidad. En lo práctico: si una comunidad decide comprar un tractor, a cada comunario le corresponderá un total de horas de uso. Cuando se habla de “castigar sin Prosol” se hace referencia a no disponer esas horas y no a restar al comunario, ya que eso repercutiría en perjuicio de la propia comunidad.
El modelo parecería el ideal del patrón social – comunitario – productivo que proclama el ministro de Economía Luis Arce Catacora. También el ala más indigenista del Gobierno. La realidad contrastada la semana pasada es que el sistema ha alimentado un nido de padrinazgos y corrupción que esquilma el programa.

Los privilegios
De acuerdo a los datos del propio José Sánchez, director del Prosol, unas 80 empresas creadas en los últimos cinco años se pelean unos 200 millones de bolivianos, monto estimado del programa para este 2016. Todas ellas tienen sus oficinas alrededor de la oficina central del programa comunal en la zona del Mercado Campesino. Su misión es única y exclusivamente adjudicarse las “licitaciones” que, en un sistema semi rudimentario, las comunidades si publican a través de diferentes medios. Las empresas, en su mayoría exclusivamente intermediarias y conformadas a partir de ex funcionarios del propio Prosol u otras personas influyentes, se reparten las pujas de una forma más o menos amistosa.
Fuentes internas de las comunidades explican el secreto del éxito: Por un lado deben recabar avales para que la oficina del Prosol la considere “técnicamente” viable, por el otro debe entrar en comunicación con el Comité del Prosol de cada comunidad.
La pasada semana, la asambleísta Guadalupe Jurado anunciaba que había interpuesto una denuncia contra “Sureñita”, puesto que esta habría utilizado su nombre como recomendación. La denuncia es por difamación. La misma Sureñita fue denunciada por el propietario de la empresa Boreal Traiding por haberse quedado con la mayor parte de los recursos obtenidos por la comunidad de Guerrahuayco. Boreal Traiding si entregó el material, pero no lo cobró en su integridad.
Sureñita es una empresa, pero también el nombre propio de su alma mater, Sureñita Toconas Caihuara, ex técnico del Prosol durante la gestión de Carlos Villavicencio, en el interinato de Lino Condori. La joven, una vez conocido el mecanismo desde dentro, no dudó en lanzarse al estrellato.
Sureñita, en este caso y según la denuncia, habría sido contratada por el Comité del Prosol de la mencionada comunidad conformado por tres personas de controvertidos parentescos: Domingo Gareca, Miriam Jurado y Rubén Porco Aguilar.
Las personas elegidas por la Comunidad para conformar el Comité del Prosol se convierten en la autoridad de facto. Definen y deciden sobre el proyecto, aplican sanciones a quienes no cumplen con los reglamentos, hacen aprobar el proyecto en las oficinas del programa y sobre todo, licitan. En la denuncia de Boreal Traiding contra Sureñita se habla de hasta 50.000 bolivianos para cada miembro del Comité además de otros montos similares para el director del Prosol y la asambleísta que supuestamente ejerció el padrinazgo.

Utilidad, o no
Los más críticos del programa, entre los que se cuentan los actuales secretarios de Gobernación y Desarrollo Productivo, Luis Alfaro y Fernando Barrientos, consideran que ni siquiera el 50 por ciento de los recursos llegan a beneficiar a los campesinos, mientras que muchos funcionarios y ex autoridades han lucrado con el programa. Alfaro y Barrientos también son acusados de participar de esta suerte de intermediaciones.
Si los 5.000 beneficiarios, aproximadamente, que hay en Bermejo, hubieran considerado adquirir el ingenio azucarero de IABSA, ya haría años que lo hubieran hecho. Sin embargo, el programa fraccionado no ha permitido abordar grandes y necesarias obras que beneficiaran la producción y que en cada caso tiene que ver con la producción, la industrialización o la apertura de mercados.
Las represas construidas, como la de Calderas, El Molino o Huacata, apenas cuentan con sistemas de riego. Cada helada o granizada dispara los precios en el mercado de Tarija. Proyectos como los de cítricos están en riesgo de no avanzar por la falta de producción requerida…
La conversión de la región tarijeña, tradicional exportadora de hidrocarburos, en una región agroindustrial requiere todavía del incentivo público, sobre todo en la inversión tecnológica. Sin embargo, según reconocen unos y otros, la actual deriva del programa no está alcanzando el objetivo primordial, por lo que se requieren cambios profundos.

Medidas urgentes para oxigenar el Prosol

Más allá de las limitaciones económicas para cubrir el programa en este 2016, los diferentes actores coinciden en que tal como está y con el actual reglamento es difícil seguir aplicando ya que las medidas de control son fácilmente sorteables.
El dirigente campesino Eider Quiroga señaló estar de acuerdo con la depuración de listas de las comunidades, ya que durante la gestión de Lino Condori se detectaron escándalos sobre los nombres incluidos en las listas presentadas por algunas comunidades. Lo cierto es que las comunidades en estos casos se autorregulan, ya que sus autoridades dan fe de sus miembros y las oficinas del Prosol solo verifican que se aporte una copia de la cédula de cada miembro. El propio secretario ejecutivo de la Gobernación 2011-2015, Roberto Ruíz, informó haber encontrado su nombre y el de otros familiares en comunidades de Villa Montes.
Ese fue otro asunto relevante, ya que en 2013 se detectaron en Villa Montes más de 40 comunidades inexistentes, supuestamente indígenas, constituidas exclusivamente para cobrar Prosol, sin ningún tipo de control. La investigación exigía identificar a quienes habían otorgado la personería jurídica, responsabilidad de la Gobernación y requisito imprescindible para presentarse al programa. Hasta la fecha se desconocen los culpables.
Se presupone que existen otras comunidades fantasmas incluidas en el departamento, o que han surgido a raíz de divisiones de comunidades antiguas, precisamente divididas por asuntos como el Prosol u otras cuestiones de inversión.
La Gobernación de Tarija ha descentralizado al Chaco la gestión del programa de acuerdo a sus atribuciones. Mientras en Tarija el secretario de Gobernación Luis Alfaro pide diálogo para ajustar el monto, en Yacuiba, el subgobernador José Quecaña ya ha asegurado que lo recortará porque solo tiene diez millones de bolivianos dispuestos para cubrir este programa. Los campesinos, por el momento, no se plantean conceder un recorte del presupuesto. En el pasado reciente, Quiroga planteó un mecanismo móvil ligado al crecimiento o caída de los hidrocarburos.

Un programa que requiere varios cambios

Guadalupe Jurado desmiente corrupción

No es la primera vez que el nombre de Guadalupe Jurado aparece vinculado a los escándalos de tierras o del Prosol. La asambleísta por Cercado es una de las líderes campesinas más consolidadas en el Movimiento Al Socialismo (MAS). Por eso, alega ella, su nombre habría sido utilizado por Sureñita Toconas para presionar al empresario que proveyó a Guerrahuayco sobre la comisión por los servicios de intermediación.

Santos Valdez se compró un micro

El ejecutivo de la Federación Campesina de Tarija, Santos Valdez, tiene a su nombre la movilidad que compró su comunidad con los recursos del Prosol. La Gobernación ha cuestionado la utilidad productiva del micro, así como la titularidad del mismo, sin embargo, Valdez señala que la operación contó con el aval de los técnicos del programa y que brindó su nombre como un acto de servicio más.

Comunidades fantasmas siguen secretas

En 2013 se destaparon más de 40 comunidades fantasmas que los indígenas weenhayek habrían constituido con nombres falsos con la única intención de cobrar el Prosol en Villa Montes. El propio Roberto Ruíz, secretario ejecutivo de aquel entonces, denunció que él aparecía en las listas. La investigación inicial arrojó datos sobre la posible connivencia con el nivel central en la operación. Finalmente no se han arrojado ningún resultado al respecto.