A través del Ministerio de Obras Públicas, el gobierno inició un proceso judicial contra los vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia, Virginia Crespo y Willy Arias, autoridades que habrían favorecido mediante un fallo ilegal a la empresa china CAMC para evitar la ejecución de unas boletas de garantía por un valor de Bs 158,8 millones, mismas que eran por el proyecto de la construcción de la obra férrea Montero -Bulo Bulo.
Delitos. Según el director jurídico del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Camacho, los delitos por los cuales son acusados estos vocales son prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. Comentó que los indicios hacen referencia a las resoluciones que se habrían pronunciado de forma ilegal y alejada de las normativas vigentes.
“Existen normas que prevén la línea de reclamo, no en su amparo constitucional y a pesar de ello, de haberse demostrado que el Ministerio ha cumplido todos los procedimientos administrativos para la resolución de contrato, estos vocales emiten una resolución en el proceso de amparo”, explicó Camacho a Erbol.
El fallo emitido por los dos vocales, dio lugar a la solicitud de la CAMC y paralizó la ejecución de boletas que estaba analizando el Ministerio de Obras Públicas y a su vez, retrasó el desarrollo del proyecto que se llevaba adelante. Asimismo, explicó que de hallarse algún indicio en contra del exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, quien fue implicado en este caso por Gabriela Zapata, este también será investigado.
La comisión no había tenido la última palabra. Por su parte, la diputada de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, comentó que la investigación de la Comisión del caso CAMC, no es la última palabra.
"El Gobierno perdió el control del proceso y todavía no se agotó este caso con el tema del hijo de Gabriela Zapata, todavía hay mucha tela que cortar", afirmó la legisladora opositora.
Volvió a ratificar que es una muestra de un posible tráfico de influencia para la adjudicación millonaria de contratos del Estado boliviano a una empresa china con recursos de los bolivianos.
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