La expareja de Evo enfrenta procesos sin abogados

Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, afronta procesos por presunto enriquecimiento ilícito, trata de menores, organización criminal y otros nueve delitos sin contar con un abogado.

A Zapata, detenida preventiva desde febrero pasado, la representaban legalmente los juristas Wálter Zuleta, William Sánchez Peña y Eduardo León.

Se desconoce el paradero de los dos primeros juristas y contra ellos existen órdenes de aprehensión. León
permanece detenido ilegalmente -como determinó una jueza- desde el 17 de mayo en celdas judiciales. También fue detenida Pilar Guzmán, "tía” de la expareja de Morales.

Estas detenciones provocaron que Zapata, acusada de 12 delitos penales, quede sin abogados que la defiendan en los juzgados ni familiares que la apoyen.

El vicepresidente del Colegio de Abogados, Franz Kaune, afirmó que tras la detención de su colega León ningún abogado se animará a patrocinar, en lo jurídico, a Zapata por temor a ser investigado y aprehendido por el Ministerio Público.

"Ella puede contratar a cualquier abogado; sin embargo, no creo que nadie pueda aceptar en estas circunstancias. Imaginen, los abogados están siendo investigados hasta por algunos trámites”, dijo Kaune y agregó que la expareja del mandatario de hoy en adelante será patrocinada por un defensor de oficio.

El defensor de oficio es otorgado por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, que está bajo tuición del Ministerio de Justicia. El defensor de oficio está encargado de la defensa pública de las personas denunciadas, imputadas o procesadas penalmente que no tengan un abogado.

Zapata quedó en indefensión legal e incluso ya no le está permitido hablar con medios de comunicación. La Resolución 012/2016 de la cárcel de régimen cerrado de Miraflores establece que personas nacionales o extranjeras que se identifican como amigos de la expareja de Morales no pueden ingresar a su celda porque pueden ser periodistas.

El abogado constitucionalista William Bascopé señaló que el Gobierno aplicó una estrategia por la que logró dos aspectos: primero, bajar el perfil de las denuncias de Zapata y aislarla.

"Los responsables de la danza de millones de dólares con una sola empresa china estatal saldrán a futuro. Lo que queda claro es que el Gobierno bajó de perfil todo el caso de Zapata”, indicó y dijo que en este caso se violaron varios derechos de los acusados.

León, tras declarar ante la Fiscalía, afirmó que el caso Zapata "ahora no tiene rumbo” por su "contenido de confabulación” contra su persona, porque "la señora Zapata no ha sido ni honesta ni oportuna en sus afirmaciones y ha llegado al descrédito por no haber presentado sus pruebas que decía tener”.