Diego Ayo, director de la Fundación Vicente Pazos Kanki, denunció el tono de la "conminatoria" que le envió la liquidadora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, y afirmó que no se retractará sobre las conclusiones de su libro sobre la presunta corrupción en esa entidad.
"Primero, no estoy de acuerdo en el tono de la ‘conminatoria’ de la señora Fuentes, me parece que no es democrático", dijo Ayo a ANF. "Fuentes no puede pensar que la única verdad absoluta sobre este tema la tiene ella y su institución", agregó.
El politólogo y analista político agregó que no piensa "retractarse" debido a que la investigación que dirigió está fundamentada y se basa en fuentes creíbles, además de documentos e información oficiales.
Ayo dijo también que si la liquidadora del Fondo Indígena tiene información que él no incluyó en su texto, "entonces yo soy el primer interesado en tener esos datos e incluirlos en una próxima publicación".
Mediante una carta, Fuentes demandó a Ayo que se retracte y que retire de circulación los ejemplares de su texto, que vaya a los medios de comunicación a desdecirse y que incluso organice actos en universidades y otros espacios para expresar su retractación.
"En la misma magnitud que presentó el libro ‘La verdad sobre el Fondo Indígena’ a efectos de su rectificación observadas en (mi carta anterior), a hacerlo en medios de comunicación de prensa escrita, oral y televisiva, presentaciones de rectificación en las universidades en las que presentó su libro", asegura la carta de Fuentes, que le da 48 horas para hacerlo, que se cumplieron el pasado 26 de mayo.
Agrega que "el único documento oficial que puede ser difundido a efectos de la verdad sobre los datos y cifras concernientes al (Fondioc) es el ‘Informe de Intervención" considerado como una información fidedigna, y que ningún otro documento puede asemejarse a este, porque precisamente este documento tiene como respaldo normativo el DS 2274 de 24 de febrero de 2016, cuyo contenido y propósito es transmitir una situación existente verídica, la misma que es oportuna, accesible, íntegra, exacta y objetiva, a la cual usted ha falseado deliberadamente".
El texto de Ayo revela con datos actualizados que el daño económico al Estado es mayor al que indica el presidente Evo Morales. "Nosotros mostramos que el 95% de las transferencias fiscales que se han hecho en el Fondo han ido a cuentas privadas, solamente un 5% ha ido a cuentas institucionales", señaló Ayo.
Según Fuentes, los datos son equivocados y "manipulados".
En declaraciones a ANF, Ayo mencionó la normativa contemplada en la Carta Magna, en su artículo 21, inciso 6, que establece que "los bolivianos y bolivianas tienen el derecho de acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual y colectivamente".
Asimismo mencionó el artículo 242 incisos 6 y 8 asegura que es un derecho de los ciudadanos "conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado (…), denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se consideren convenientes".
"Si la sociedad boliviana acepta esta conminatoria, desde hoy, ningún ciudadano podrá cuestionar al poder, y deberá vivir bajo la sospecha", agregó el politólogo".
"Este es el Medioevo del siglo 21, donde la verdad del gobierno es incuestionable. Esto es un temible retroceso que arriesga la democracia porque, mañana, ningún ciudadano, periodista o investigador podrá indagar y contradecir la verdad del poder", expresó Ayo.
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