El general retirado del Ejército Gary Prado Salmón abandonó la tarde de ayer la sala de audiencia del juicio por el caso Rózsa, que se reinstaló ayer, en rechazo y desconocimiento de la competencia del tribunal presidido por el juez Sixto Fernández, que determinó continuar con el juicio “incumpliendo un fallo del Tribunal Constitucional”.
Según la defensa del general Prado, el juez hizo caso omiso del fallo constitucional, por el cual debía declinar competencia, para que se nombre otro tribunal de Santa Cruz.
Ante el abandono de Prado de la audiencia, el juez suspendió el juicio hasta el 6 de mayo próximo.
El abogado Otto Ritter denunció que el juez, en una interpretación sesgada del fallo, dio por cumplido éste alegando que el juicio fue trasladado a Santa Cruz y se desarrolla en esta ciudad, razón por la cual no hay razón para nombrar otro tribunal, y el general Prado está asistiendo a las audiencias, además que se había cumplido con los exámenes médicos que se le realizó.
Ritter señaló que el fallo que dispuso la anulación de la declaratoria de rebeldía que le había impuesto el mismo tribunal en Tarija a fines de 2011, además de exigir exámenes forenses de su defendido, establece la nulidad de todas las actuaciones del tribunal realizadas en ausencia de Prado, además dispone la disolución del Tribunal y el nombramiento de nuevos jueces, de Santa Cruz.
Ante este incumplimiento de la sentencia, que debió en el acto llevar a la detención del juez, dijo que el lunes próximo presentaran una demanda en contra del juzgado por desacatar una determinación inconstitucional.
“Uno no puede soportar tanto. Esto es una pantomima”, dijo el general retirado al informar que se retiraba a su domicilio, para cumplir la detención domiciliaria que tiene hasta ser notificado por un juez competente.
La decisión del general conmocionó a la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz. Los policías en la sala, a falta de órdenes directas, intentaron evitar que se fuera y cerraron la puerta del recinto, según la agencia Anf.
La mayoría de los presentes en la sala se puso de pie y, en medio de gritos —“déjenlo salir”, “abusivos”—, dejó perplejos a los policías durante unos instantes, hasta que el juez Sixto Fernández se acercó a la reja que divide el recinto y le dijo al general si era consciente de la medida que estaba tomando y sus consecuencias. El militar le dijo que sí. Entonces, con un gesto, hizo que los soldados se apartaran y dejaran salir al general, en silla de ruedas desde 1981.
Minutos antes, el abogado Ritter había acusado al juez Fernández de incumplir la ley y de desobedecer al Tribunal Constitucional que, dijo, le ordenaba remitir el caso al tribunal de turno e instalar por completo en Santa Cruz el caso que cumplió cuatro años el pasado 16.
“El juez desconoce la ley”, dijo y afirmó que el Ministerio Público, presente a través de los abogados del Gobierno en el caso, debía ordenar de inmediato la detención del magistrado.
Fiscalía pide aclarar fallo
El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que las audiencias del caso Rózsa continuarán, pero para evitar que exista algún obstáculo jurídico se pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie a propósito del fallo que fue considerado por los acusados como argumento para volver a foja cero en este juicio.
“Desde el Ministerio Público se ha presentado un memorial de aclaración, enmienda y complementación sobre la Sentencia Constitucional, esperamos que en próximos días el Tribunal pueda aclarar esta sentencia y pueda continuar el proceso”, informó el Fiscal General del Estado a Radio Fides.
Lo que se quiere es evitar la mala interpretación y “distorsión” de parte de los abogados defensores de los acusados y la intención de querer seguir dilatando el avance de este juicio.
“Primero (se quiere aclarar) que se concede la tutela al señor Gary Prado y nada más, el tema es que habría que hacer una aclaración sobre la posible declinatoria de competencia del juez natural y el Tribunal Constitucional deberá aclarar en términos estrictos lo que corresponde para que no haya otro tipo de interpretaciones ambiguas y que salen del marco legal”, señaló Guerrero.
Controversia
El origen del incidente viene desde Tarija, sede de las audiencias antes de que fueran trasladadas a Santa Cruz el pasado 18 de febrero. El general Prado Salmón no estaba presente debido a problemas de salud, que ayer fueron certificados por una forense oficial. Como la audiencia no podía ser instalada sin la presencia de todos los acusados, el juez Fernández y un juez técnico declararon a Prado Salmón en rebeldía, el general presentó una acción de libertad.
Con la ausencia del acusado legalmente resuelta, juramentaron los jueces ciudadanos y las audiencias se desarrollaron.
Hace dos semanas el Tribunal Constitucional anuló la declaratoria de rebeldía en vista de los argumentos de Prado Salmón sobre su salud, y ordenó una evaluación.
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