Según el contrato para la compra de dos remolcadores navales a un costo de once millones y medio de dólares para la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) el traslado de las mismas estaba incluido dentro de ese monto, pero un informe de una comisión ejecutiva responsable de la negociación y contratación de la empresa que construiría esas embarcaciones señala que es necesario un pago de dos millones cien mil dólares para el transporte desde Asia hasta el puerto de Rosario en Argentina.
El último fiscal que investigó el caso, Aldo Ortíz, confirmó esta situación que consta en la documentación referida a un caso que involucra una posible defraudación al Estado por 26 millones de dólares pagados por adelantado y al contado a la empresa coreana Yeunsoo Shipbuilding Co. Ltd. por 16 barcazas y 2 remolcadores, los que nunca llegaron a Bolivia e incluso no habrían terminados de construir porque la citada empresa quebró y estuvieron por eso a punto de ser rematados.
Según el contrato, el proveedor se compromete a entregar los remolcadores, "amarrados y a flote en Puerto Rosario de la República Argentina, a la comisión de recepción señalada", con esta acción de entrega terminaba la relación contractual. Sin embargo, en un informe de la comisión ejecutiva del proceso de contratación con la empresa coreana, documento remitido al entonces ministro de Defensa, Walker San Miguel, el vicealmirante Armando Pacheco Gutiérrez, señala en el tercer inciso del texto, que se pagarán los once millones y medio de dólares como monto convenido y fijo por los remolcadores, pero añade que deben "considerar el costo adicional de transporte por un monto de dos millones cien mil dólares, monto que no incluye el costo del seguro". Añade que la sumatoria de esos montos "se encuadran en el presupuesto de referencia del proyecto y la calidad demandada".
El fiscal Ortíz ya no investiga el caso por un cambio rutinario establecido por la Fiscalía Departamental, por eso se limitó a señalar que por respeto a su sucesor no puede dar mayores detalles investigativos ni plantear hipótesis sobre las responsabilidades de un presunto fraude al Estado. Se limitó a señalar que las autoridades del Ministerio Público, Cancillería y los querellantes (ministerio de Defensa) deben dar continuidad a diversas gestiones para que sobre todo las 16 barcazas no estén expuestas a decisiones de terceros.
Explicó que en el caso de los remolcadores estuvieron a punto de ser rematados debido a la quiebra de la empresa constructora y similar destino tenían las 16 barcazas, pero gestiones y acciones oportunas de las autoridades nacionales dejaron en claro a autoridades chinas y coreanas que esas naves son de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia.
Sin embargo, Ortíz recomendó que se dé continuidad a estas gestiones para que la propiedad nacional de los remolcadores y barcazas se consolide y no corran riesgos. Otra sugerencia que hizo el Fiscal, es la necesidad de que una comisión técnica viaje a los astilleros donde se encuentran las embarcaciones para constatar el cumplimiento del contrato y la calidad del trabajo realizado o que aún esté pendiente.
Una tercera acción es cumplir con la toma de declaraciones a miembros de la citada comisión negociadora de Enabol, que deben presentarse a declarar, lo mismo que súbditos coreanos y chinos que tuvieron participación en el tema. El principal sindicado por este tema es el exgerente General de Enabol, ContraAlmirante Freddy Alberto Ballesteros quien se encuentra en la cárcel de San Pedro por decisión de un juez que tomó medidas cautelares.
También son investigados CF Evalth Velasco Helguero (detenido en San Pedro); CN. Jaime Pinto Olmos; CN Fidel Gamboa Gareaga y el CN Luis Carrasco Goitia, acusados de los presuntos delitos de Conducta Antieconómica, Contratos Lesivos al Estado, Falsedad Ideológica y Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado. La auditoría del trámite de compra realizada por el Ministerio de Defensa encontró cinco graves irregularidades.
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