martes, 30 de abril de 2013

Fiscales descartan convocar a Costas en caso Terrorismo



Los tres fiscales del caso Terrorismo descartaron ayer que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sea citado a declarar en el proceso, porque su denuncia en sentido de que fue presionado para involucrar a tres dirigentes en el juicio, es extemporánea.

En una entrevista, el viernes, con el periodista Carlos Valverde, la autoridad cruceña reveló que dos personeros del Gobierno le propusieron, dos semanas después del operativo en el que se desarticuló al grupo supuestamente separatista (16 de abril de 2009), que implicara en la investigación al excívico Branko Marinkovic, a Guido Nayar, al exdirigente empresarial Pedro Yhovio, y a una cuarta persona, a la que no se la identificó. La finalidad de esa acción, aseveró, era que él se salvara de ser vinculado con este caso.

Al respecto, los fiscales Sergio Céspedes, Iván Ortiz y Marco Antonio Rodríguez, que atienden el juicio del caso Terrorismo, coincidieron en afirmar que no es posible convocar a Costas para que declare porque la acusación para el inicio del juicio ya fue planteada, junto a las respectivas pruebas y una lista de testigos.

Entretanto, el Gobernador de Santa Cruz manifestó que le tiene sin cuidado si le convocan o no. “Muchas veces me mandaron articuladores y no he querido atenderlos nunca, a ningún tipo de extorsionador, ni miembros de este Gobierno”, sostuvo Costas.

Argumentos. Ortiz explicó que, de acuerdo con el procedimiento, las pruebas ya fueron ofrecidas en la etapa preparatoria de la investigación y sobre las cuales se pidió que se dé inicio al juicio oral, público y contradictorio. El fiscal Marco Antonio Rodríguez complementó que es inviable incluir las declaraciones de Costas porque el juicio se encamina hacia una sentencia. “Ni en la vía testifical, ni como prueba de careo judicial puede ingresar la autoridad porque no fue ofrecida en su momento”, declaró.

Según Céspedes, la única forma en que podría ser considerada la declaración de la autoridad cruceña es que éste hubiera sido ofrecido como testigo. “Ése es el momento para ofrecer sus pruebas (cuando se formula la acusación) y no nos olvidemos (de que) si el Gobernador fue presionado hace bastante tiempo, podían ofrecerlo como testigo (los de la defensa), si no está dentro de esa lista no corresponde presentarlo”, afirmó.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, planteó un careo judicial para esclarecer este tema. Consideró también que las acusaciones de un posible montaje de este caso por parte del Gobierno, como alegan los procesados, también debe desvirtuarse en el proceso judicial en curso. Céspedes precisó que es posible realizar un careo, siempre que haya sido ofrecido por la defensa.

Sugieren iniciar otro proceso

Caso

Sergio Céspedes, fiscal del caso Terrorismo, consideró que si el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, recibió presiones y no lo denunció en su momento, estaría encubriendo una posible extorsión.

Presión

Céspedes se mostró extrañado del porqué no denunció ese hecho. “¿No tuvo pantalones para eso?”, afirmó. Lo que corresponde, dijo, es que el Gobernador inicie otro proceso, pues se trata de otro hecho que debe ser investigado y que no tiene nada que ver con el juicio por Terrorismo.

Piden revertir arresto domiciliario de Prado

La comisión de fiscales del caso Terrorismo solicitó al Tribunal 1º de Sentencia de La Paz el cese del arresto domiciliario y el permiso de trabajo del coimputado Gary Prado Salmón, porque éste abandonó la audiencia del juicio oral que se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz.

El fiscal Sergio Céspedes explicó ayer que ese pedido se sustenta en la inconducta demostrada por Prado, quien el viernes, junto a su abogado Otto Ritter, abandonó la sala de audiencias de este caso, luego de que el juez Sixto Fernández leyó la resolución en la que se determina que el juicio prosiga en la capital oriental, bajo la jurisdicción de autoridades de La Paz.

“Gary Prado está con detención domiciliaria y con permiso de trabajo. La Fiscalía ha solicitado al Tribunal (que) se revoque la medida sustitutiva y se proceda a la detención preventiva”, explicó Céspedes.

El representante del Ministerio Público también precisó que solicitó que Ritter sea apartado del proceso y que además se le aplique una multa equivalente al salario de un juez técnico. Céspedes espera que el juez Fernández fije una audiencia para resolver el pedido de reversión de la medida sustitutiva en la audiencia del 6 de mayo, día en que debe reanudarse este proceso en Santa Cruz de la Sierra.

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