El ministro de Gobierno, Carlos Romero, la ministra de Justicia Cecilia Ayllón, el Fiscal General del Estado Plurinacional, Ramiro Guerrero y los fiscales asignados recientemente al caso Terrorismo I, Marco Antonio Rodríguez e Iván Ortiz declararon ayer que el juicio por el caso Terrorismo continuará.
Estas autoridades rechazaron ayer un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional por el que fue suspendida una audiencia sobre ese tema obligando a establecer un cuarto intermedio hasta el 22 de abril. “Es un fallo extemporáneo”, dijeron cada uno a su turno.
La máxima instancia judicial nacional ordenó que el caso pase a conocimiento del juez natural, es decir a un juzgador cruceño y anula las acciones que el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz que dirigía el proceso. Esta decisión fue tomada a raíz de que la defensa del encausado Gary Prado Salmón argumentando problemas de salud sea parte del proceso en Santa Cruz. Como existen otros acusados que también tienen afecciones, éstos también se acogerán al fallo del Tribunal Constitucional.
Desde Sucre, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró que la suspensión de la audiencia no tiene sustento legal alguno, ya que el fallo es extemporáneo, debido a que la pretensión de Prado Salmón de trasladar el juicio a Santa Cruz, ya fue dispuesta por el Tribunal de Sentencia.
“En el marco del respeto del derecho a la vida, el juicio se viene sustentando en la ciudad de Santa Cruz, por lo que la sentencia del Tribunal Constitucional no genera efecto alguno, toda vez que la decisión de las autoridades jurisdiccionales fue la de celebrar el juicio en la ciudad de Santa Cruz, precautelando los derechos a la salud y la vida de los procesados Ronald Castedo y Gary Prado” explicó Guerrero, señala un boletín institucional.
El comunicado oficial añade que no existe óbice alguno que impida la continuidad del juicio, pues la Sentencia Constitucional no dispuso la nulidad de ningún actuado procesal, ni que se retrotraigan los actos procesales consumados, sino que las autoridades judiciales definan la situación jurídica de Prado. “No es cierto que la sentencia haya dispuesto declinatoria de competencia alguna” complementó.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, según reporte de El Deber desde Santa Cruz manifestó: “Se sigue recurriendo a artimañas para evitar que se vaya al fondo de la cuestión. Corresponde que el Ministerio Público asuma decisiones más fuertes para impulsar el proceso, porque no podemos ser prisioneros de separatistas que a toda costa quieren evitar que se ingrese en la fase probatoria del juicio”, indicó.
Añadió que el Ministerio de Gobierno coadyuvará en las acciones que decida tomar el Ministerio Público. A su vez, la Ministra de Justicia en conferencia de prensa dijo “Entonces, (el proceso) no va a foja cero” y añadió que no debe entenderse ese fallo como un alejamiento del caso del imputado Gary Prado Salmón.
También desde Santa Cruz, el fiscal Marco Rodríguez, que es parte de la comisión de fiscales del caso terrorismo, dijo en declaraciones a la radio estatal Patria Nueva que el pedido de los imputados de intentar anular este caso con el argumento de que ya se han cumplido cuatro años del proceso no corresponde ni es válido porque ello no es responsabilidad de la justicia ni del Ministerio Público, sino más bien de los imputados que presentaron más de 40 recusaciones e incidentes provocando así la dilatación y el retraso de este caso.
Otro fiscal, Iván Ortiz, también integrante de la comisión de fiscales dijo a un medio cruceño que los fiscales no fueron notificados de la sentencia del Tribunal Constitucional y que tomarán una decisión cuando lo conozcan. Reconoció que el fallo es de acatamiento obligatorio, pero sostuvo que se puede solicitar una complementación del contenido en caso de que algún aspecto no quede claro.
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