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jueves, 18 de abril de 2013
Competencia en caso Rózsa ya se trató, dicen juez y fiscal
El juez Sixto Fernández y el fiscal Iván Ortiz, que atienden el caso Rózsa o Terrorismo, aseguraron que la declinatoria de competencia, que fue solicitada de nuevo por un imputado en el proceso, ya fue resuelta y que por ese motivo el juicio oral se abrió en La Paz.
“Tengo conocimiento de que esos aspectos (de competencia o juez natural) ya fueron tratados en la audiencia conclusiva”, respondió Fernández, presidente del Tribunal 1° de Sentencia, cuando se refirió al trabajo que se realizó con anterioridad en este proceso.
Basado en la Resolución 130/2013, que fue emitida por el Tribunal Constitucional el 2 de febrero, la defensa de Gary Prado, uno de los procesados por Terrorismo que presentó esa demanda, asegura que el Tribunal 1° de Sentencia debe pronunciarse sobre si es competente o no para llevar adelante este juicio, previa valoración médica del acusado. El caso Terrorismo se refiere a la desarticulación de un grupo, presuntamente separatista, en abril de 2009 en Santa Cruz.
Fernández informó que hasta ayer aún no fue notificado sobre ese fallo, por lo que aún no puede pronunciarse. Pero explicó que el Tribunal puede “aclarar algunos aspectos que no estén contemplados dentro de la norma o que pudiera ser puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional”.
Juicio. El juez explicó que para que el caso hubiera llegado al Tribunal que preside, primero debió subsanarse cualquier observación sobre “competencia, juez natural, jurisdicción” en la fase conclusiva de la investigación, previo inicio al juicio oral, que fue llevado adelante por el Juzgado 5º de Instrucción en lo Penal-Cautelar.
“Se conforma el Tribunal y prosigue el juicio hasta llegar a la etapa de excepciones e incidentes, etapa en la que pueden nuevamente las partes plantear esa situación (competencia), pero si ya han sido resueltos anteriormente ya es otra la situación que tiene que evaluar y calificar el Tribunal de Sentencia”, indicó Fernández.
El fiscal Ortiz complementó que, en su momento, el Juzgado 5º de Instrucción de La Paz se pronunció sobre el tema de la competencia. Además, dijo que existe una sentencia constitucional de noviembre de 2012 que también aclara este tema y allana el camino para seguir con el juicio. Ortiz considera que en la audiencia del 22 de abril, día en que debe reanudarse el juicio oral en la capital oriental, el tribunal sólo debe dar continuidad al proceso.
Un reporte del periódico El Día señala que el cardenal Julio Terrazas, a través de su vocero Erwin Bazán, solicitó a la Fiscalía y a sus abogados retirar toda denuncia, debido a que no se pudo esclarecer quiénes cometieron un atentado a su casa, hecho que fue atribuido al grupo separatista. “No tiene intención de acusar a nadie”, manifestó.
Audiencia para el 22 de abril
Proceso
El juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal 1º de Sentencia, informó que la audiencia del juicio por el caso Terrorismo se reanudará en Santa Cruz el 22 de abril, para lo que se notifica a las partes.
Rebeldía
Fernández explicó que el momento en que las audiencias fueron trasladadas a Santa Cruz, el procesado Gary Prado acudió al juicio oral, por lo que la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión decretadas en su contra, en la ciudad de Tarija, donde se inició el juicio, dejaron de tener efecto.
El pedido de estudio de audio pasa a Sucre
La Fiscalía de Distrito de La Paz remitió a la Fiscalía General el requerimiento de peritaje externo al audio que presuntamente corresponde al fiscal Marcelo Soza y que fue solicitado por su colega Genaro Quenta, quien investiga el caso.
El fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, informó que el máximo representante del Ministerio Público, Ramiro Guerrero, deberá analizar ese pedido, así como evaluar si existe o no la necesidad de hacer ese peritaje en un instituto del exterior.
El audio que se atribuye a Soza fue difundido por la senadora Carmen Eva Gonzales (CN), quien lo envió a la Fiscalía General para que se lo investigue, ya que, en el mismo, la persona que habla vincula a actuales y exautoridades del Ejecutivo con los casos Terrorismo (referido a la desarticulación de un grupo separatista en Santa Cruz el 16 de abril de 2009) y Extorsión (relacionado a una red de corrupción que operaba desde el Ministerio de Gobierno).
El peritaje a la grabación, según la Fiscalía, permitirá develar si la voz del audio efectivamente corresponde al fiscal Soza. Gonzales mandó el audio a un laboratorio de Brasil que concluyó que sí corresponde a ese representante del Ministerio Público, pero la Fiscalía afirma que ese estudio no es oficial y, por lo tanto, no es válido.
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