Cristina Choque, directora de la Unidad de Gestión Social (UGS) del Ministerio de la Presidencia, cuyo titular es Ramón Quintana, fue enviada con detención preventiva al Centro de Orientación Femenino de Obrajes (COF), imputada por los delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, uso indebido de bienes del Estado, en directa relación con las imputaciones que se formulan contra Gabriela Zapata, madre de un hijo de Evo Morales.
“El señor fiscal no ha presentado las pruebas necesarias en contra mía. Espero que la justicia actúe con la verdad. Porque ahora se ha demostrado que la justicia es para los ricos y no para los pobres”, declaró Choque, a la salida del tribunal, en medio del fuerte resguardo de la policía que impidió que declare a medios comunicación.
“La frecuentaba, como que es su íntima amiga, es compañera, militante del proceso (de Cambio), es razonable, exagerado pero razonable”, confirmó Mauricio Chiri, abogado de Choque, sobre las visitas que “su comadre y exnovia del presidente Morales le hacía a su cliente” en las oficinas de la UGS.
Según la Fiscalía, el libro de ingresos a la UGS establece que las visitas de Zapata a Choque datan de 2011 y que habrían sido al menos 140 visitas, hasta el mes de febrero de este año.
Chiri indicó que Choque explicó que Zapata la frecuentaba por diversos motivos “incluso familiares y personales buscando apoyo, después en campaña y todo eso”, aseguró Chiri, quien también afirmó que a Zapata se le prohibió esos ingresos hace un año y tres meses, debido a los malos tratos que daba a los funcionarios.
El juez Tercero Cautelar en lo Penal, Enrique Morales, determinó, al cabo de más de cuatro horas de audiencia, que Choque sea detenida en el COF, donde también fue enviada Zapata, a solicitud del fiscal Edwin Blanco que afirmó que no se acreditó que tenga un domicilio.
Chiri, al igual que Choque, desmintió al fiscal y detalló que no se valoró los documentos ni el hecho de que Choque tiene dos hijos, uno de ellos de meses, a quien debe dar de lactar. Adelantó la determinación de apelar el fallo y se respete su condición de madre.
En ese sentido, puso en evidencia que los riesgos procesales señalan que Choque no tiene domicilio, no cuenta con familia, por lo que supuestamente puede fugar del país. También señala que ella puede obstaculizar la investigación o destruir documentación en su calidad de funcionaria del Ministerio de la Presidencia.
En criterio del abogado esto es ilógico, pues es el mismo fiscal quien señala que Choque fue detenida en la puerta de “su domicilio”, que es procesada por uso indebido de bienes del Estado, que solo se aplica a funcionarios públicos, por lo que no se entiende que señalen que no tiene trabajo. Por último, la familia presentó los certificados de nacimiento de los hijos menores que tiene.
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