La imputación del fiscal Edwin Blanco en el caso de presunto enriquecimiento ilícito contra la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, establece que ésta movió un mínimo de $us 711.000 en sus cuentas de los bancos Mercantil Santa Cruz y BISA durante el año 2015. De esos movimientos, 626.000 son depósitos y 85.500 corresponde a retiros, asegura la imputación, que incluye montos referidos por el Ministerio de Transparencia.
Durante el mes de diciembre pasado los montos que movió en la banca fueron de $us 171.000 dólares, agrega el documento al que tuvo acceso ANF. No se supo cómo es que la Fiscalía pudo, antes de iniciar el proceso judicial como tal, violar el "secreto bancario" que está vigente en el país.
La Fiscalía todavía no ha investigado si Morales tiene que ver en este escándalo ni el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Zapata y el presidente Morales están involucrados en un escándalo de supuesto tráfico de influencias por los millonarios contratos firmados por CAMC. La oposición considera que debe investigarse si Morales ayudó a Zapata, con la que tuvo un hijo, a conseguir el cargo en CAMC y, luego, los contratos con el Estado.
El fiscal Blanco asegura en la imputación que Zapata depositó 111.000 dólares en su cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz en diciembre de 2015 con el fin de comprar "un vehículo Nissan Patrol 2015". Según la imputación, el origen de los fondos depositados fue la venta de un terreno en Huajchilla, en la zona de Río Abajo de La Paz, según habría asegurado Zapata en el momento de hacer esas operaciones en los bancos citados.
También figura un depósito de $us 10.000 en el que aparece "pago de honorarios profesionales" como justificación de la transacción. Según la Fiscalía, la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, aprovechó su relación con la Unidad de Gestión Social, que depende del Ministerio de la Presidencia, para firmar los millonarios contratos que la empresa china CAMC obtuvo con el Estado.
"Al haber utilizado las oficinas de la Unidad de Apoyo a Gestión Social con fines ilícitos de carácter personal, ha tenido rédito económico; además, el uso ilegal de esas dependencias le permitían obtener ventaja económica a través de negocios ilegales, haciéndose pasar como funcionaria estatal y mantener relación con empresarios y conseguir contratos para la china CAMC", dice la imputación de la Fiscalía.
Entre esos contratos figuran "la planta industrial de azúcar en San Buenaventura, la planta industrial de sales de potasio Uyuni, Potosí, proyecto múltiple Misicuni-Cochabamba, la construcción del tramo ferroviario Bulo Bulo-Montero y los equipos de perforación para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos", agrega el documento de la Fiscalía.
La información de la Fiscalía es imprecisa porque Zapata trabajó en CAMC desde 2013 y desde esa fecha se firmaron tres contratos (vía férrea Bulo Bulo-Montero, represa Misicuni y planta de sales de potasio). Según el fiscal, para lograr esos contratos, Zapata tuvo el apoyo de la directora suspendida de esa repartición, Cristina Choque, y de Jimmy Morales, el chofer de la misma. El documento añade que cuatro personas vinculadas a Zapata y tres empresas en las que figuraba como representante legal, Consilium SRL, ITC y Telemenia, también son investigadas.
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