Los exalcaldes de Quillacollo Ricardo Mercado Mercado, Hugo César Miguel Candia, Orlando Espinoza Cotari, Marcelo Tito Galindo Gómez, Carla Lorena Pinto Bustamante y Cristhian Charles Becerra Sejas son acusados por la Fiscalía de haber cometido los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Los datos fueron sacados de la imputación formal de la Fiscalía a los que tuvo acceso OPINIÓN.
El caso se remonta a 2005, cuando las exautoridades municipales decidieron implementar el mejoramiento y dotación de los servicios de agua potable y alcantarillado para todos los vecinos.
En ese entonces, cuando era alcalde Ricardo Mercado, decidieron contratar a la empresa Galindo Ltda. para que se haga cargo del proyecto a diseño final para la construcción de dos plantas de tratamiento de agua en Chojnacollo, una planta de tratamiento de aguas residuales y para perforar pozos. Entregó el trabajo y comenzaron a buscar el financiamiento.
En 2006, logran un convenio interinstitucional con el Viceministerio de Inversión Pública, que se comprometió a desembolsar 44 millones de bolivianos para financiar las obras que demandaban una inversión de 66 millones de bolivianos. La Comuna tenía que dar una contraparte de 18 millones.
Entregaron la ejecución del proyecto al Consorcio Cochabamba. Le hacen varios desembolsos con el dinero de la Alcaldía y del Viceministerio; sin embargo, la empresa no perforó los pozos para captar las aguas que tenían que ser tratadas en las dos plantas y tampoco realizó las conexiones a la zona norte, centro y sud. La constructora argumentó que la Comuna no hizo los trámites correspondientes.
Si bien el incumplimiento se dio en la gestión de Mercado, los siguientes exalcaldes tampoco hicieron nada para recuperar el dinero entregado al Consorcio Cochabamba.
ACUSADA Los responsables de la empresa constructora Walter Antonio Soliz y Marco Antonio Revollo Zeballos fueron imputados por el Ministerio Público por incumplimiento de contrato.
LA DENUNCIA El año pasado, la exalcaldesa Danitza López inició el proceso a las exautoridades y cuando asume el cargo, el actual burgomaestre de Quillacollo, Eduardo Mérida, se suma al proceso legal que se encuentra en manos del Juzgado Primero de Instrucción Penal y Cautelar de Quillacollo.
Un fiscal anticorrupción, encargado del caso, solicitó al juez la aplicación de medidas cautelares de carácter personal.
El Código Penal señala que para el delito de incumplimiento de deberes la pena es entre uno a cuatro años de reclusión, mientras que para la conducta antieconómica es de cuatro a ocho años de privación de libertad.
El día y la hora para la audiencia cautelar aún no está definida, porque personal del Juzgado está notificando a todos los imputados.
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