Ocho de los nueve departamentos del país proponen como una solución a la corrupción judicial en Bolivia la persecución penal a los jueces corruptos. En tanto, siete plantean el uso de la tecnología y cámaras de vigilancia, entre otros, para subir todos los procesos en línea con el fin de que cualquier litigante haga el seguimiento de su caso sin restricciones.
Asimismo, siete departamentos sugieren control disciplinario a los jueces y fortalecimiento a la participación ciudadana en el sistema judicial. Además, seis exigen un plan nacional de ética y cinco regiones demandan fortalecer la carrera judicial y desburocratizar los procesos.
Todas estas iniciativas forman parte de los planteamientos hechos en las precumbres realizadas en todos los departamentos del país en abril y mayo, las mismas que serán expuestas en la Cumbre de Justicia a realizarse este viernes y sábado en Sucre.
Después de recibir constantes quejas de la población sobre retardación de justicia y corrupción, el Gobierno de Evo Morales decidió convocar a una Cumbre sobre este tema. De los seis ejes que se analizarán en el encuentro nacional, OPINIÓN preparó una síntesis con las observaciones y propuestas de la mesa de trabajo “Corrupción en el sistema de justicia”.
Uno de los planteamientos que más llama la atención proviene de Oruro. Señala que se debe calificar los delitos de corrupción como “traición a la patria y dar 30 años de cárcel para los culpables”.
También se observa que el uso de la tecnología se hace imperioso en el sistema judicial boliviano.
OBSERVACIONES En general, las mesas de trabajo observaron la falta de transparencia en los procesos y en la administración financiera judicial. Se denunció la formación de consorcios y círculos de poder generando un grupo autocrático que abusa del poder económico. Se menciona la falta de mecanismos de control y evaluación al desempeño de los administradores de justicia. También se cuestiona la inexistencia de normas y mecanismos que protejan a las víctimas, testigos y denunciantes y se evite la cultura del miedo. Se critica la burocracia y la subdelegación de responsabilidades por parte de los operadores de justicia que prolongan excesivamente los procesos judiciales.
La interferencia política en la designación de operadores de justicia y el tráfico de influencias no están ausentes de las observaciones al igual que el enriquecimiento ilícito.
Se ve con preocupación la insuficiente formación académica de los funcionarios y la vulneración de los derechos humanos y constitucionales de litigantes.
Hay denuncias, según las observaciones, que jueces trabajan aún con procesos penales y administrativos.
Se habla de la prórroga de autoridades que generan redes de corrupción. No hay fiscalización y la mora procesal va en continuo crecimiento.
Se denunció abuso de poder de jueces y fiscales y la injerencia del Poder Legislativo en el trabajo del Órgano Judicial.
Estas observaciones van de la mano de un insuficiente presupuesto, según las conclusiones de la mesa de trabajo “Corrupción en el sistema de justicia”.
En Cochabamba, por ejemplo, se observó la retardación de justicia, la burocratización y la ausencia de control social.
PROPUESTAS Ante las numerosas observaciones también se han propuesto algunas soluciones que serán debatidas en Sucre durante la Cumbre.
Se plantea crear un tribunal de control jurisdiccional e institucional que aplique sanciones drásticas y para los jueces corruptos la pérdida inmediata de la licencia para seguir ejerciendo la profesión.
Se propone suspender inmediatamente a los operadores de justicia que tengan procesos o denuncias en su contra o antecedentes delictivos.
Se busca identificar a los consorcios de abogados que funcionan inapropiadamente y promover el cambio de operadores de justicia periódicamente (plazos entre 1 y 3 años dependiendo al cargo).
Una de las propuestas indica que hay que convertir las faltas leves a graves y establecer el uso de polígrafos como medio de prueba.
Hay la idea de reconocer las grabaciones y filmaciones como pruebas.
Se propone realizar la investigación del patrimonio de los operadores de justicia de manera permanente (jueces, fiscales, policías, abogados y funcionarios auxiliares de la administración de justicia y su entorno familiar más cercano).
Para evitar mayor corrupción, la mesa también plantea impulsar la aprobación de una ley que permita revertir el patrimonio ilegal a favor del Estado.
Se busca crear el tipo penal para sancionar la injerencia en la administración de justicia.
CUMBRE Todas estas propuestas y las de las otras mesas de trabajo serán debatidas en la primera cumbre judicial, a la que no asistirá, según se dijo el Tribunal Constitucional.
Inicialmente este encuentro estaba previsto para los días 16 y 17 de abril de 2016 en Sucre con el objetivo de perfilar nuevos mecanismos para mejorar a la justicia boliviana.
PRECUMBRES La ministra de Justicia, Virginia Velasco, recordó que antes de la Cumbre de Justicia, se efectuaron precumbres departamentales.
El 12 de abril se desarrolló en Sucre; el 15 en Potosí, el 22 en Cochabamba y el 26 en Pando. Asimismo, el 6 de mayo en La Paz, el 10 en Oruro, el 13 en Tarija y el 20 en Santa Cruz.
Para tal fin se creó una página web www.cumbredejusticia.bo donde está toda la información disponible de las propuestas elaboradas.
Antecedentes
Cumbre
La Cumbre de Justicia Plural para Vivir Bien se realizará el 3 y 4 de junio, en Sucre. Según el Ministerio de Justicia, será un espacio de articulación social e institucional, que sentará las bases para reformar el sistema de justicia en el país.
Objetivos
Establecer las bases de la revolución de la Justicia en Bolivia, para la construcción de un nuevo Sistema de Justicia Plural que esté al servicio del pueblo, erradicando prácticas judiciales corruptas y coloniales heredadas del pasado, eliminando la retardación de justicia y garantizando el acceso a una justicia pronta y oportuna, basado en los valores y principios del Estado Plurinacional de Bolivia para Vivir Bien.
Seis ejes
1. Modalidad de elección de magistrados y consejeros del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
2. Acceso a la justicia plural.
3. Retardación de justicia.
4. La corrupción en el sistema de justicia.
5. Política criminal y justicia penal.
6. Formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales.
Fortalecer la carrera judicial, plan de ética y desburocratizar el proceso son otros pedidos
Al margen de las propuestas que tienen más consenso como la persecución penal a los operadores de justicia acusados de corrupción, el uso de tecnología y el control disciplinario a los jueces, la mesa de trabajo sobre corrupción también planteó el fortalecimiento de la carrera judicial, la desburocratización de los procesos y el sistema integrado de recuperación de bienes a favor del Estado.
CARRERA JUDICIAL En este ámbito se propone mejorar el perfil profesional de los operadores de justicia.
Se plantea llevar a cabo un proceso de selección a través de convocatorias públicas y transparentes para la elección de jueces, fiscales, vocales, entre otros.
Se pide tomar en cuenta los méritos de los candidatos y valorar el historial de desempeño desde la universidad.
PLAN DE ÉTICA En este campo, se propone cambiar la mentalidad de los ciudadanos respecto de la corrupción a través de la inclusión de la ética y valores desde la familia, escuela hasta la universidad.
Se plantea promover la especialización de los operadores de justicia; además, fortalecer la ética profesional al servicio del pueblo e incluir en la currícula educativa la educación en valores y ética.
Se plantea diseñar un plan nacional de valores. En ese sentido, los servidores públicos y operadores de justicia deben recibir sólida formación al respecto.
El código de ética del Órgano Judicial debe modificarse incluyendo valores, procedimientos, sanciones y autoridades competentes.
Se habla que aplicar el sistema oral para abreviar el proceso en todos los casos.
De la misma manera, varios departamentos del país proponen una auditoría de procesos judiciales en caso de retardación de justicia.
Señalan que el Ministerio Público, de oficio, debe impulsar el proceso de investigación sin necesidad de solicitud.
DESBUROCRATIZAR Para cumplir este aspecto, se propone garantizar la gratuidad absoluta de la administración de justicia en la población más vulnerable: niños y mujeres.
Se busca crear una unidad de control social con su reglamentación para que los procesos garanticen el cumplimiento de plazos procesales.
Uno de los aspectos centrales de esta propuesta señala descentralizar la justicia (Ministerio de Justicia) por departamentos.
VALORES En esta temática, varias regiones plantean recuperar los valores y principios de la justicia originaria campesina como modelo para mejorar la justicia ordinaria.
Para completar este punto, se pretende crear una inspectoría nacional de lucha contra la corrupción como ente extra poder, para intervenir de manera inmediata en procesos judiciales y administrativos suscitados en todos los órganos, niveles de organización del Estado y entidades autónomas (universidades).
Las propuestas también señalan crear más juzgados y dotar de mejores condiciones de trabajo (tecnología, personal de apoyo, entre otros) a quienes administran la justicia en Bolivia.
Plantean proteger a los denunciantes
Dentro de las propuestas que se llevarán a la Cumbre de Justicia en Sucre también se plantea elaborar una ley que proteja la identidad de los funcionarios que denuncien a las autoridades judiciales.
Esta ley también debe proteger al denunciante de manera eficaz y fomentar la cultura de la denuncia.
La mencionada propuesta salió principalmente de Beni y Chuquisaca.
ELECCIÓN Lo llamativo de las propuestas en general es que solo Cochabamba busca eliminar la elección de magistrados por voto popular. En este caso, se propone mayor participación del control social en el proceso de preselección de candidatos de las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
En varios sectores afines al Gobierno se ha escuchado propuestas en este sentido. Una de ellas es la del procurador general Héctor Arce, quien elaboró un proyecto en el que sugiere que el presidente Evo Morales designe a la mayoría de los magistrados, y el resto que sea nombrado por dos tercios de la Asamblea Legislativa, donde el partido del Mandatario es mayoría.
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