La contratación de la empresa coreana General Marines Business (GMB), para la fabricación de 16 barcazas y dos remolcadores, fue autorizada por la junta directiva de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), la cual integraban representantes de los ministerios de Defensa, Economía y Finanzas, Aguas y Medio Ambiente, entre otros.
Este extremo fue consultado al Ministerio de Economía y Finanzas, hace más de dos semanas, sin que hasta la fecha haya respondido. También le fue consultado al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, después de un informe que prestó sobre el tema en la Cámara de Senadores. Aseguró que nadie conocía sobre los trámites que había realizado el vicealmirante Freddy Ballesteros sobre el contrato para la fabricación de barcazas y remolcadores.
“No hay eso, está mal (…) puede que Enabol sí, han hecho tantas barbaridades, la Gerencia Administrativo no, pero el Directorio sin duda. Se les pidió informes (al Directorio de Enabol) pero fue el proyecto que se les presentó y estuvieron de acuerdo y cuando no había resultados se pidió otro informe (…) No consultaban nada y casi se agarran a puñetes cuando fueron a China, no es como se pinta. Tenemos las actas”, sostuvo la autoridad de Estado.
La documentación, en cuestión, se encuentra en el cuaderno de investigaciones al que tuvo acceso EL DIARIO y, actualmente, es parte de la indagación legal que realiza el Ministerio Público, por presuntos actos de corrupción en el contrato.
Según la documentación, Enabol canceló la suma de 28.9 millones de dólares, al contado, a dicha empresa coreana, para la fabricación de las referidas embarcaciones que debían entregarse en el puerto de Rosario, Argentina, a fines de 2010.
PROCESO PENAL
Sin embargo, por irregularidades cometidas en la firma del contrato, se denunció posible daño económico al Estado y, como consecuencia, se inició un proceso penal contra los responsables. A la fecha, hay personas con detención preventiva en el penal de San Pedro.
La Junta Directiva que autorizó dicho pago al contado, según los documentos de la investigación, estaba compuesta por representantes del Ministerio de Defensa (de acuerdo con el estatuto correspondiente, debe ser el titular de ese despacho), de la Armada Boliviana, de la Dirección General de Capitanía de Puertos, del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección II de la Marina Mercante y Lacustre, del Ministerio de Finanzas Públicas y del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.
Las naves que se estaban adquiriendo debían ser utilizadas para el transporte de materias primas y otros productos provenientes de Santa Cruz, en particular, a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná y así tener acceso directo al océano Atlántico.
APLICACIÓN DE UN REGLAMENTO
La elaboración del contrato con la empresa GMB tuvo como base el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Empresa Pública Nacional Estratégica (Decreto Supremo Nº0181) Enabol (RE-SABS-EPNE-Enabol).
El órgano rector de dicho reglamento es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En efecto, tiene que revisar y compatibilizar todos los reglamentos de contratación de las empresas públicas; es decir, que ningún contrato fiscal puede estar al margen del citado DS 0181.
Por tanto, es el que tenía que autorizar la entrega del anticipo del 100 por ciento del costo de la fabricación de las 16 barcazas y dos remolcadores, mediante el artículo 12 inciso c) del RE-SABS-EPNE-Enabol. Textualmente, dice:
“Garantía de correcta inversión de Anticipo.- Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial. Será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener una vigencia mínima de 90 (noventa) días calendario, computable a partir de la entrega del anticipo, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. Conforme el Contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción”.
ELABORACIÓN DEL CONTRATO
En cuanto a la elaboración de contratos, fue la Unidad Jurídica de Enabol, conforme al artículo 22 del Reglamento, la encargada de elaborar los contrato, en aplicación del mandato que le confiere: “Elaborar los contratos para los procesos de contratación”.
Otra disposición, pertinente a las condiciones de prefinanciación, inciso f, del artículo arriba mencionado expresa: “Garantía de Prefinanciación.- Si las condiciones particulares así lo dispusieren, se concederá prefinanciación al contratista, a petición de éste, por el monto que solicitare para operaciones relacionadas al objeto del contrato, debiendo entregar una Boleta de Garantía Bancaria igual o mayor al 100% de la prefinanciación otorgada, con una vigencia posterior no mayor a 90 días a la recepción definitiva”.
EXPLICACIÓN OFICIAL
El ministro Ferreira, en una conferencia de prensa, al referirse a las observaciones efectuadas al proceso y a la no inclusión de exautoridades de ese Ministerio en el proceso, declaró que, “en la desgraciada historia de contratación de las barcazas se ve error tras error y delito tras delito. Desde antes que se haga la contratación el gerente de esa época (de la Naviera) se fue a Corea, junto con el ejecutivo de la empresa con la que se contrató, y uno lo ‘ve ahora’, hay cosas incorrectas. Contratar sin boletas, firmar documentos de aceptación o pagar tres millones por transporte, sin boletas de garantía o permitir 14 subrogaciones, es una fila de errores”.
Según la autoridad, a la fecha las barcazas chinas están involucradas en al menos tres juicios en el Tribunal Marítimo de China, donde se logró que no sean rematadas. Ahora, el Gobierno de Bolivia tiene que demostrar derecho propietario, además de cancelar 4.2 millones de dólares; a ellos se deberán sumar al menos un millón de dólares, para liberar del almacenamiento en un astillero chino a los dos remolcadores y unos cuatro millones de dólares para terminar en estos la instalación de algunos equipos e insumos.
PROCESO
El juez décimo de Instrucción del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso el martes 25 la hipoteca legal de los bienes de los imputados en el proceso penal.
La hipoteca se hizo sobre 10 bienes inmuebles y ocho vehículos de los sindicados, con el objetivo de precautelar el presunto daño económico de casi 30 millones de dólares ocasionados al Estado, por la irregular compra de bienes navales.
“A solicitud del Ministerio de Transparencia, las autoridades jurisdiccionales procedieron a efectuar la hipoteca legal de los bienes de los imputados, con el propósito de precautelar el presunto daño económico provocado a las arcas del Estado Boliviano”, según la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia.
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