"La renuncia de la ministra Achacollo obedece estrictamente a un acto político para que, supuestamente, este caso quede cerrado y este caso no vaya a perjudicar, en el futuro, políticamente el proceso de reelección (del presidente Evo Morales)”, denunció León, quien, junto al asambleísta Quispe, presentó una denuncia contra la ministra, pero la investigación no avanza.
El asambleísta exhortó a la Contraloría General del Estado a que inicie una auditoría "verdadera” al Fondo Indígena, ahora en proceso de liquidación para determinar la magnitud del daño económico, porque el informe de la interventora Lariza Fuentes está "mal hecho”.
"Aquí no acaba el caso del Fondo Indígena. Tiene que continuar porque evidentemente hay responsabilidades y pruebas”, remarcó el abogado León.
El jurista pidió que se investigue a dirigentes campesinas como Juanita Ancieta, líder de las "bartolinas, quien recibió recursos del Fondioc en su cuenta personal y después devolvió al menos cinco millones de bolivianos. Asimismo, solicitó la inclusión de otros dirigentes como Felipa Huanca (excandidata del MAS) y Ruzena Santamaría (embajadora en Ecuador).
Según las denuncias presentadas a la Fiscalía, dirigentes de organizaciones sociales recibieron al menos 43 millones de bolivianos en sus cuentas personales, y la ministra de Transparencia, Leny Valdivia, admitió que el Fondo Indígena transfirió recursos públicos a cuentas particulares por errores en las normas.
La dirigente de la CIDOB paralela, Melva Hurtado, habría recibido la suma de 22.383.159 bolivianos en su cuenta para la ejecución de proyectos de las organizaciones indígenas de tierras bajas.
No obstante, Hurtado no es investigada ni fue llamada a declarar por la Fiscalía porque -según el diputado Quispe- recibe la protección del partido oficialista y es beneficiada por ineficacia de la Fiscalía.
La interventora determinó un daño económico de 102 millones de bolivianos y 30 proyectos "inexistentes” en el Fondo Indígena, y responsabilizó a 29 personas, entre ellas, Rosendo Alpiri, embajador de Bolivia en Paraguay que renunció por este caso.
En la lista también se encuentran dirigentes disidentes del MAS como Adolfo Chávez y Damían Condori, Félix Becerra Allicaña y otros. No obstante, el Gobierno insiste en que se está investigando con equidad y sin diferenciar colores políticos.
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