Las autoridades municipales de la Alcaldía de Cochabamba detectaron un daño económico de más de 56 millones de bolivianos en la comuna Adela Zamudio por la ejecución de 16 trámites irregulares de construcciones sin planos aprobados en la anterior gestión. Están implicados seis exfuncionarios municipales, entre ellos el exalcalde Edwin Castellanos.
La nueva gestión municipal intervino las oficinas de esa subalcaldía el 8 de julio e identificó inicialmente la desaparición de boletas.
El director jurídico de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, mostró documentos y especificó que los casos corresponden a la gestión 2012.
Informó que solo en un caso de una construcción, el daño económico asciende a 41.837.533 de bolivianos.
Manifestó que la subalcaldesa de la comuna Adela Zamudio, Roxana Neri, certificó que hay documentación sustraída, que faltan informes técnicos, legales, boletas de paralización, planos, boletas de liquidación y que no existe ningún pago de la multa impuesta en la gestión 2012.
Detalló que los encargados le dijeron al Alcalde de ese entonces que era imposible aprobar el plano de construcción, según los reportes municipales.
“En un informe legal contradictorio revocan esa determinación, dejan sin efecto la multa y aprueban el plano”, dijo. Acotó que fue el mismo personal que observó su aprobación y luego la aceptó.
Informó que en un talonario de boletas de liquidación se detectó que del numeral 26152 directamente pasan al 26155.
“Aquí han sido sustraídas las boletas 153 y 154 que eran de la liquidación de la deuda que señalaba el técnico de la comuna Adela Zamudio”, precisó el director jurídico.
EXSERVIDORES El informe de intervención a la subalcaldía Adela Zamudio involucra al exalcalde Edwin Castellanos, al exsecretario general Javier Rodríguez, al exsubalcalde, al jefe de Atención al Ciudadano, a un encargado de área técnica y al oficial mayor de Planificación, entre otros.
Castellanos indicó que no conoce del tema. “Y, bueno, es responsabilidad de las comunas esas cosas”, dijo y expresó tranquilidad.
Rodríguez aseguró que cada trabajador tiene sus atribuciones, donde se establecen quiénes deben aprobar y elaborar informes, según el manual de funciones. Añadió que no tiene idea de estos casos. “Seguramente tendrán documentación para probarlo. Es fácil acusar”.
Según Coca, el documento que aprueba el plano de forma irregular tuvo el visto bueno de Rodríguez y Castellanos.
Informó que una vez que se identifique responsabilidad, grado de participación e individualización de actores de los delitos, el informe será remitido al Alcalde y que él dispondrá el inicio de acciones penales.
OTROS MÁS Coca añadió que hay 15 casos más en los que el modus operandi fue el mismo y que se estima que en cada uno de esos hechos el daño sería de un millón de bolivianos.
Explicó que se trata de 15 edificaciones que estaban construidas, concluidas a tiempo de ser entregadas y recién pidieron regularización de sus planos.
“Se les paralizaba, se les multaba y no fueron canceladas en el municipio”, sostuvo.
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