Si bien el hecho sucedió el 2007, la querella se presentó en 2014 y los principales señalados ocupan actualmente altos cargos en la institución castrense.
En primera instancia se atribuyó la responsabilidad de realizar descargos de estos recursos al coronel Marco Antonio Benavides, que en esa época fungía como responsable de adquisiciones el departamento IV de la FAB, sin embargo, el informe de auditoría reveló que no existen firmas ni cheques girados a esta persona, por lo que se descartó la culpabilidad del oficial de los recursos desembolsados.
Asimismo, en 2014 Benavides inició una querella penal en contra de los supuestos responsables de este ilícito, por el delito de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
“La cuestión es que desde el 2007, momento en que se realiza esta supuesta transacción hasta el año pasado, mi cliente ha sido intimado constantemente, a presentar descargos y ni siquiera querían extenderle una copia legalizada del cargo de cuentas que se le atribuía, razón por la cual hemos tenido que recurrir al Ministerio Publico querellándonos en contra de estas personas”, indicó el abogado del oficial, Ramiro Cabrera a ANF.
El abogado dijo que en primera instancia la querella fue realizada en contra de Julio Cesar Villarroel (gerente del TAM), Jaime Flores (director financiero del TAM en 2007), Emeterio Diaz Jachu (jefe de auditoria) y Elizabeth Lema, de los cuales solo se imputó a Flores.
Sin embargo, Cabrera indicó que se amplió la querella en contra de José Ramiro Callapa Cano (tesorero del TAM), a raíz de que los cheques fueron girados a su nombre.
Este medio intentó comunicarse con el coronel Julio Cesar Villarroel (director general del TAM), uno de los denunciados, pero el personal administrativo de la entidad respondió que el citado oficial no brinda conferencias de prensa, ni trata temas vía telefónica. Una secretaria del TAM pidió un solitud formal para considerar el tema, por lo que se le hará llegar el oficio solicitado.
Según el abogado, los supuestos requerimientos de recursos para la compra de los supuestos repuestos habrían sido realizados a nombre de su cliente, sin embargo, Benavides jamás recibió ningún cheque, y mucho menos firmó un cargo de cuentas.
Además, en este proceso administrativo se violó el conducto regular ya que se habría girado cheques directamente a nombre de una persona sin pasar por la autorización de oficiales de otras áreas superiores; en este caso el procedimiento correcto es que los cheques tendrían que haber salido a nombre de la empresa de la cual se adquiría los repuestos, previa cotización, para luego realizar la facturación y descargos correspondientes, cosa que no se hizo.
“Hay un informe de auditoría interna sobre esto, donde dice, en la parte final, que no se ha podido verificar la existencia de los repuestos y no se explican por qué ha salido a nombre de José Ramiro Callapa Cano, entonces la auditoría especial determina que no existe responsabilidad penal con relación a ellos (coronel Benavides y otros oficiales)”, argumentó el abogado.
Según Cabrera hay una estructura de corrupción al interior de la institución castrense que encubre el esclarecimiento de este tipo de delitos.
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