Indignado por el trato que recibe y las constantes suspensiones de sus audiencias, ayer el exdirectivo del exFondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Marco Antonio Aramayo, denunció que los representantes de las organizaciones sociales que tenían participación en el directorio eran quienes presionaban, resolvían e imponían las resoluciones.
“Me llevan, me traen, estoy siendo sometido a violencia psicológica”, sostuvo en puertas del Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal Cautelar, donde debía realizarse su audiencia, además de mostrar las esposas que le pusieron. “Se me está vulnerando todos mis derechos y me considero un preso político”.
Ayer el Juzgado del Distrito de La Paz debía tratar la audiencia de objeción a la querella del diputado Rafael Quispe, que solicitó la defensa de Aramayo, sin embargo, fue postergada para nueva fecha por faltad de notificación.
Con el ceño tembloroso, se plantó en la puerta del Juzgado y empezó a develar lo que habría, en su criterio, ocurrido en el Fondo Indígena. “Los responsables durante mi gestión (estuvo el 2014) y me están acusando como si hubiera sido de los cinco años y el Ministerio Público no quiere esclarecer lo que ocurrió en el Fondo Indígena”, afirmó.
Con voz elevada de impotencia, Aramayo, sostuvo que fue el Directorio del Fondioc “no obedecía, no a su presidenta (Nemecia Achacollo). La Ministra no podía hacer nada peor podía hacer yo”, afirmó.
Indicó que Rodolfo Machaca de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Ever Choquehuanca, exdirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), Hilarión Mamani del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y Juanita Ancieta de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - “Bartolina Sisa” (Cnmciob-“BS”).
De acuerdo con la revelación de Aramayo este grupo de dirigentes de las organizaciones sociales era conocido como “las trillizas”, quienes mediante resoluciones disponían el destino de los recursos y cómo se los iba a gastar.
Asimismo, les pidió a estos dirigentes hacerse responsables de lo que firmaron “que no sean cobardes” porque en caso contrario solicitará a través de su defensa que las personas nombradas, serán convocadas en calidad de sus testigos. “Ellos daban órdenes, si la presidenta no hacía nada peor iba a ser yo”.
CAMIONETAS
En cuanto a las camiones cero kilómetros que se adquirió para el Fondo Indígena por un millón y medio de bolivianos. Según Aramayo, Damián Condori, Hilarión Mamani, Rodolfo Machaca y Juanita Ancieta, “me las quitaron y hoy estoy acusado por Incumplimiento de Deberes”.
La entrega se realizó por resolución de Directorio 001/2014, en la localidad de Copacabana. Estos motorizados, dijo Aramayo debían servir para constatar el cierre de proyectos, pero ni un proyecto fue concluido.
“Todo lo que hice fue para cumplir objetivos institucionales. Ellos saben dónde fueron esos recursos (…) Estuve seis meses callado para no entorpecer las investigaciones y me están aperturando 60 juicios, quieren que me pudra en la cárcel y no es justo”, sostuvo al mencionar que cuenta con cientos de documentos para demostrar lo ocurrido el 2014 en el Fondioc.
El dirigente de la CSUTCB, Rodolfo Machaca, no quiso pronunciarse al respecto, brevemente indicó que “se estaba inculpando a gente inocente y que la conciencia de Aramayo fue comprada por la oposición”.
DEFENSA
Por su parte, su abogado, Héctor Castellón, dijo a EL DIARIO que no sólo son documentos, sino extraña que el Ministerio Público no haya investigado “nada” en seis meses.
“Queremos que esos documentos aparezcan para determinar cuál es la verdad del Fondo Indígena, no es lo que nos ha dicho la Contraloría que son 71 millones de bolivianos de 153 proyectos. Repito, la Contraloría (General del Estado) no conoce uno de todos estos 153 proyectos”, afirmó.
Asimismo, calificó de “un trabajo muy mal hecho” la auditoría realizado al Fondo Indígena, porque los que realizaron esta actividad “nunca dejaron su escritorio y menos preguntado a uno de los beneficiarios, qué han hecho y realizaron un informe mal elaborado para que actúe el Ministerio Público”.
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