Los escándalos que agobiaron a la empresa petrolera estatal, se refieren a contratos lesivos contra el Estado, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, accidente de tránsito, atraco y asesinato del empresario tarijeño Jorge O´Connor D`Arlach, robo de llantas y baterías, red de corrupción con contratos para la unidad de comunicación, y finalmente el caso de las narcocisternas, entre los más sobresalientes.
Jorge Alvarado (2006)En julio de 2006, Jorge Alvarado asumió la presidencia de YPFB con la promesa de renovar la estatal en dos años.
Tras siete meses de gestión, Alvarado fue obligado a renunciar por denuncias de haber realizado supuestos contratos ilegales y lesivos contra el Estado, los cuales significarían la pérdida de $us 39 millones para las arcas del Estado. Antes de que inicie cualquier investigación, fue designado embajador en Venezuela.
Juan Carlos Ortiz (2006 – 2007)
Fue posesionado el 28 de agosto de 2006, su gestión fue muy corta y dimitió a su cargo por presiones políticas antes de cumplirse el primer año de Gobierno.
Manuel Morales Olivera (2007)Morales Olivera asumió el cargo el 20 de enero de 2007; fue parte del equipo que diseñó la nacionalización de los hidrocarburos y se desempeñó como asesor de la presidencia de YPFB.
La gestión de Morales se manchó a raíz de la realización de 44 contratos petroleros irregulares con múltiples errores, mediante negociaciones secretas que entabló con las petroleras. En la administración de Morales Olivera, se dijo que las transnacionales petroleras pagarían hasta el 80% de sus ingresos, sin embargo gracias a las irregulares negociaciones, el país solo percibió el 50%.
Guillermo Aruquipa (2007 – 2008)Fue posesionado el 24 de marzo de 2007. La gestión de Aruquipa fue vinculada por hechos de nepotismo y contratación de personal aparentemente ilegal, por lo que se vio obligado a presentar su renuncia.
Posteriormente en 2009, Aruquipa fue aprehendido por los delitos de tráfico de influencias, asociación delictuosa, por conformación irregular de la sociedad mixta entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el Servicios e Industrias Petroleras S.A. (YPFB-SIPSA). SIPSA fue creada por orden de Santos Ramírez con el propósito de prestar servicios a YPFB, entre ellos la recalificación de garrafas de GLP, contrato que se adjudicó por 1,8 millones de dólares.
Santos Ramírez (2008 – 2009)Fue posesionado el 12 de marzo de 2008. La gestión de Ramírez fue una de las más criticadas de la historia de YPFB. En su contra se abrieron 12 casos por corrupción.
Los casos de Sipsa y Catler son la muestra de las grandes irregularidades en la administración de Ramírez. En el primero ordenó la conformación irregular de la empresa YPFB-Sipsa y suscripción de contrato de recalificación de garrafas. En el segundo caso, Ramírez fue acusado por corrupción en la adjudicación de obras a la empresa Catler Uniservice, encargada de la construcción de la Planta Separadora de Líquidos (Rio Grande – Santa Cruz); por este hecho fue condenado a 12 años de cárcel.
También resaltan otros 10 casos con diferentes denominaciones: caso Mario Cossio Mac Galem y otros, caso Daesung, caso medidor volumétrico, caso “Telas”, caso “Zapatos”, caso Estación de Servicios Uruguay, caso Camisas y blusas, caso Advisory Group, y caso falsificación.
Carlos Villegas (2010 – 2014)
Villegas asumió el cargo el 1 de febrero de 2009 y fue el presidente que más tiempo duró en la administración de la estatal petrolera, pero no se libró de los hechos de corrupción durante su gestión.
En primer lugar, resaltan hechos de corrupción por funcionarios de YPFB, como es el caso de Gerson Rojas quien fue destituido por haber cometido delitos de uso indebido de bienes del Estado y enriquecimiento ilícito. Otra situación irregular se desata por el robo de 144 llantas de YPFB, el cual fue denunciado por vecinos de la ciudad de El Alto, exigiendo a Villegas aclarar el caso, donde según el diputado Amilcar Barral, estuvo involucrado el hijo del ministro de Economía Luis Arce, Marcelo Arce. Un caso similar fue el que se produjo en Santa Cruz, con la pérdida de 146 llantas nuevas y cuatro baterías UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) de los galpones de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO) y del galpón de activos fijos de YPFB. En esta irregularidad el Ministerio Público investiga a tres funcionarios de YPFB.
Pero el caso más relevante fue sin duda el de la unidad de comunicación de YPFB. En este caso se denunció la formación de una red de corrupción que operaba al interior de la petrolera, por el que seis personas relacionadas con la Unidad de Comunicación de YPFB y de almacenes de la subsidiaria Chaco, fueron aprehendidas. Entre las personas detenidas se encuentra Selva Camacho (fue directora de Comunicación de YPFB), Ever Terán Flores (funcionario de la Unidad de Comunicación de YPFB), Ericka Rojas Rivero (representante de la empresa Colibrí), Guido Alarcón Terrazas, y Luis Alejandro Bell Camacho (hijo de Selva Camacho).
La Ministra de Transparencia, Nardy Suxo, dijo que Carlos Villegas presentó la denuncia contra esas personas por uso indebido de influencias, posible enriquecimiento ilícito y supuesto incumplimiento de deberes al interior de la unidad de comunicación.
Selva Camacho denunció que Carlos Villegas cometió hechos de corrupción además de que la habría acosado en varias oportunidades desde que era ministro de Planificación hasta el actual cargo que ocupaba. Las denuncias no fueron demostradas.
Guillermo Achá (2015)
Asumió el cargo el 5 de febrero de 2015 y pese al poco tiempo que lleva de gestión ya se ha visto involucrado en el hecho de corrupción de las “narco-cisternas”.
El caso fue denunciado por el diputado opositor Tomás Monasterios, quien informó que la justicia argentina había encontrado droga en los camiones de una empresa contratista de YPFB. La empresa es CRETA SRL, propiedad del empresario Juan Carlos Sejas, que administra una flota de alrededor de 300 camiones cisternas, de los que casi 100 son de su propiedad.
El pasado 6 de julio, Monasterios presentó una denuncia contra el empresario y contra el presidente de YPFB por presuntas implicaciones en actividades ilícitas de narcotráfico de la empresa de transporte de carburantes Creta SRL y la supuesta participación de ejecutivos de la estatal YPFB.
Además, el diputado considera que Achá fue permisivo con Creta SRL y, por lo tanto, debería renunciar a su cargo. Cree que detrás del caso hay “peces gordos que están siendo protegidos”.
La máxima autoridad de YPFB negó cualquier relación de la estatal con las actividades ilícitas de la empresa Creta SRL e involucró en el caso a la empresa cruceña Guabirá, que rechazó cualquier vinculación con la actividad ilícita. Mariano Aguilera, principal accionista de Guabirá, es además primo del gobernador Rubén Costas.
La renuncia del exgerente de Comercialización de YPFB, Mauricio Marañón Somoya, coincidió con el estallido del caso pero el presidente de la petrolera negó en dos ocasiones que Marañón se fuera de la empresa por este problema.
La justicia de Argentina embargó recientemente 2,5 millones de dólares sobre los bienes del empresario Sejas y la Interpol pidió su captura. El 2 de septiembre se concretó la misma y el próximo día 4 prestará declaración en la audiencia de medidas cautelares que se celebrará en Santa Cruz.
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