El jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, criticó que el gobierno mantenga a los dirigentes sindicales involucrados en las irregularidades del Fondo Indígena en las instancias decisivas de la nueva entidad.
Los cuestionados incluso aparecen de forma recurrente como beneficiarios de varios proyectos y ahora son miembros en el Consejo Consultivo.
La norma prevé la conformación del consejo consultivo con la participación de seis ministros de Estado, además de los máximos dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, la Confederación de Comunidades Interculturales, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo.
Al menos dos organizaciones tienen a sus dirigentes como beneficiarios de los proyectos y continuarán como miembros del Consejo. Se trata de Melva Hurtado presidenta de la Cidob y Juanita Ancieta dirigenta de la CMCB-BS. Juntas recibieron casi 30 millones de bolivianos para proyectos, el año pasado.
"Han sacado el nuevo decreto sobre el Fondo de Desarrollo Indígena pero el consejo consultivo va a estar conformado por las mismas personas que se llevaron la plata. ¿Cómo es posible que la señora Melva Hurtado haya recibido más de 20 millones y ahora siga siendo parte del consejo? Cuestionó el legislador.
Hurtado, quien dirige una versión de la Cidob afín al Movimiento al Socialismo (MAS), recibió más de 21,8 millones de bolivianos entre mayo y diciembre de la gestión 2014, para la ejecución de cinco proyectos entre productivos y de fortalecimiento de gestión de planes.
A nombre de Ancieta salieron dos proyectos consignados el 10 de noviembre de 2014. Uno fue para fortalecimiento de gestión de proyectos por un monto de 600.000 bolivianos y el otro por un valor de 8,5 millones de bolivianos, para apoyo a la comercialización y producción de productos agropecuarios e industriales mediante ferias comunitarias. La dirigente habría devuelto alrededor de 5 millones de bolivianos al Fondo durante el proceso de intervención.
Ortiz también pidió que los senadores Jorge Choque Salome y Felipa Merino Trujillo (MAS), cuyos nombres aparecen en la lista de proyectos observados por la Contraloría General del Estado, pidan licencia a sus cargos para asumir defensa y responder por los proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena.
"Deberían pedir licencia de sus cargos y someterse a la investigación", declaró el asambleísta.
Exigió que el gobierno haga conocer el informe final de la Interventora Larisa Fuentes, principalmente los depósitos en las cuentas particulares de los representantes legales, responsables de las comisiones de administración y ejecución de obras.
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