martes, 4 de diciembre de 2012

Fiscalía General inicia proceso contra el ex fiscal Gómez

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció ayer que se iniciarán procesos disciplinarios y penales contra los fiscales que se encuentren implicados en la red de extorsión que trabajaba al interior del Ministerio de Gobierno, entre ellos, anunció, está Isabelino Gómez, ex fiscal de Distrito de Santa Cruz.

“Sabemos que de la investigación han salido algunos nombres de fiscales y jueces; nosotros hemos instruido inmediatamente de oficio la apertura de procesos por la vía disciplinaria, pero también por la vía penal contra estos fiscales”, anunció Guerrero a radio Panamericana, según cita la agencia ANF.

Dijo además que hoy estará en la ciudad de Santa Cruz para coordinar el trabajo con la comisión de fiscales que fue designada a este caso y que está conformada por siete investigadores provenientes de Santa Cruz, La Paz, Sucre y Cochabamba.

“Mañana (lunes) vamos a explicar con más detalle al país la investigación, pero también vamos a manejar con cierta reserva todo lo que está llevando adelante este proceso de investigación para en su momento informar de la manera más transparente a nuestro país”, precisó.

El fiscal general garantizó que no se encubrirá a ninguna autoridad o funcionario del Ministerio Público en este caso. “Tampoco se trata de dañar dignidades de las personas. Los que estén siendo acusados o investigados sabrán defenderse y asumirán su defensa”, anunció.

Gómez, quien se presentó a declarar voluntariamente como testigo, pasó a acusado en la investigación sobre la red de corrupción y extorsión desarticulada en los últimos días.

Cuando estuvo en funciones se hizo cargo de varios procesos contra narcotraficantes. Según un testigo que declaró a la Fiscalía, es cercano a Fernando Rivero.

No obstante, hay otros fiscales y jueces que fueron vinculados con la red de extorsionadores. En los últimos días también se mencionó el nombre del fiscal Harry Suaznábar, del caso de los gastos reservados I y II.

Uno de los acusados en ese proceso fue el ex ministro de Gobierno Guillermo Fortún (fallecido), quien pese a los pedidos reiterados de libertad por su mal estado de salud no fue escuchado y recientemente falleció. Una de sus hijas dijo que le pidieron 20.000 dólares para concederle detención domiciliaria.

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