¿Qué tienen en común los casos Terrorismo (I y II), Porvenir, Gastos Reservados, Chaparina o Toma de Instituciones? Que todos ellos tenían interés político para el Gobierno y que Boris Villegas intervino en éstos como representante del Ejecutivo.
El ex jefe de asuntos jurídicos del Ministerio de Gobierno (2007-2012), ahora detenido preventivamente por el destape de una red de corrupción en el interior del oficialismo y el Órgano Judicial, tenía un poder especial a través del cual pudo seguir, intervenir, denunciar, impugnar y también extorsionar y traficar influencias. Todas sus actuaciones en los casos arriba señalados eran públicas, lo que no se registraba era lo que sucedía detrás.
Según el ex viceministro de Régimen Interior Roberto Quiroz, Villegas era parte de un equipo (junto a Fernando Rivera, Denis Rodas y otros) en el que “había cuatro a cinco abogados exclusivamente destinados para seguir adelante en estos juicios que el Estado tenía contra gente que había atentado a su seguridad. Ellos deberían trabajar en coordinación con el Ministerio Público”.
Villegas fue detenido el lunes en La Paz. Fue trasladado a Santa Cruz y ayer prestó una larga declaración. Poco antes alegó inocencia y hoy verá al juez cautelar.
Fue señalado como uno de los cabecillas de la red. Villegas fue uno de los que presenció la audiencia contra el cívico tarijeño Felipe Moza y otros, acusados de volar un ducto en el Chaco durante 2008. Después de participar de aquella sesión, recibió una golpiza a pocos metros de su casa.
Representó al Ministerio de Gobierno como querellante contra los implicados en el caso Rózsa, en el cual hay 39 acusados. Tuvo similares actuaciones en el proceso contra Leopoldo Fernández y otros por la masacre de campesinos en Porvenir, Pando. “Por culpa de la red de extorsión, casos de mucha trascendencia como el de Rózsa y el de Porvenir pueden perder legitimidad. Por eso es importante sanear la justicia y acelerar estos casos sin la intervención de chantajistas poderosos”, dijo la socióloga Karina Saucedo.
Villegas se vio involucrado en la violenta represión policial a los marchistas del TIPNIS, en septiembre 2011. Estuvo en la zona 10 días antes de que se produzca la intervención y mantuvo al tanto de ésta a sus superiores.
En septiembre fue acogido por el Ministerio de Transparencia.
De “amigo” a “traidor a la patria”
Boris Villegas pasó de ser “amigo” y hombre de confianza del Ministerio de Gobierno, con un poder extraordinario para representar a esta cartera de Estado, a “traidor a la patria” e incluso agente de la CIA.
Ayer, el diputado masista Galo Bonifaz afirmó que el ex jefe de asuntos jurídicos merece ser enjuiciado por alta traición.
“Él (Villegas) tenía la información para dársela a otro gobierno de todo lo que hacemos nosotros. Ha puesto en riesgo la seguridad del Estado boliviano, esto es traición a la patria y tendría que ser procesado en ese sentido”, afirmó.
En el oficialismo se rumorea que Villegas tiene una importante cantidad de grabaciones de actuaciones de funcionarios de Gobierno, policías y autoridades del Órgano Judicial.
De acuerdo con el ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico, el supuesto extorsionador era amigo del actual embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, cuando éste era ministro de Gobierno.
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