En un comunicado, publicado el martes, el Ministerio de Transparencia solicitó al fiscal general del Estado iniciar de oficio procesos contra las autoridades de los cuatro órganos del Estado, así como a todas las personas que aseguran haber sido víctimas de extorsión y que hubieran entregado dádivas de algún tipo a servidores públicos para obtener supuestamente beneficios personales.
“Solicitamos al fiscal general del Estado iniciar de oficio los procesos contra las autoridades de los cuatro órganos del Estado, así como a todas las personas que aseguran haber sido víctimas de extorsión y que hubieran entregado dádivas de algún tipo a servidores públicos para obtener beneficios personales, pues esas acciones también son consideradas como un hecho de corrupción, de acuerdo con el artículo 158 del Código Penal”, señala el comunicado de ese ministerio.
Esta solicitud fue criticada por una autoridad de Gobierno, abogados del empresario estadounidense Jacob Ostreicher y parlamentarios de la oposición.
El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno, Miguel Albarracín, dijo que el comunicado de la ministra Suxo fue un exabrupto.
“La obligación de cualquier autoridad es verificar las causas de las denuncias, el origen del delito. Ha habido un exabrupto en ese comunicado”.
Más adelante explicó que si cualquier persona ha ido con dinero a querer aprovecharse y desviar alguna norma para favorecerse de alguna manera, “ahí sí es culpable”, pero si otra persona le tiene amenazada y le obliga a entregar un dinero, “eso es extorsión y el culpable es el extorsionador, no el que está entregando el dinero”. De lo contrario, dijo, los parientes que pagan a los secuestradores tendrían que ser procesados, y “no ocurre eso porque son víctimas”.
El abogado de Ostreicher, Jerjes Justiniano, también criticó la intención de procesar a quienes presentan denuncias.
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