domingo, 30 de diciembre de 2012

La red deja cuatro juicios y el sistema perforado

En limpio ¿qué queda después de cuatro semanas de investigación de la red de presunta corrupción? Cuatro juicios, 12 detenidos, la posibilidad de incluir al ex fiscal General Mario Uribe como única autoridad nacional y el "yo no fui" de tres ministros, de quienes dependían tres "abogados de quinta", como ha llamado el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a los juristas que trabajaban en tres ministerios, o "profesionales competentes", como ha dicho el exministro Alfredo Rada, quienes en suma perforaron el sistema y echaron por tierra el discurso ético y moralista que ha mantenido por siete años en el poder al actual régimen de Gobierno.

"El caso Ostreicher nos ha dejado a la justicia en una situación lamentable", dijo Yandira Jiménez, asesora del Consejo de la Magistratura, el órgano disciplinario que ahora procesa al presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Ariel Rocha y que está pendiente si en las investigaciones involucran al vocal Zenón Rodríguez, porque cambió un fallo de liberación del norteamericano Jacob Ostreicher, como supuestamente también lo hicieron los jueces Fernando Orellana y Wilson Arévalo.

Los abogados Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas son señalados como los presuntos cabecillas de la red de extorsión.

La justicia, por el suelo. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Marcelo Arrázola, dijo que el caso Ostreicher debe provocar un debate nacional sobre el papel de la justicia, la elección de estos por voto y la injerencia del Poder Ejecutivo que ha sido la causa de la hecatombe.

"El tema de fondo es que los jueces y fiscales son brazos del Poder Ejecutivo. Hay que ver que estos se cuadraban ante unos 'abogados de quinta', habrá que ver qué hacen cuando les habla un ministro o el mismo presidente de la República", dijo el abogado Edwin Rojas.

Hay responsabilidad de los ministros. Rojas, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, observó que existe responsabilidad civil y penal de los ministros, de quienes estos dependían. "Comete delito el que hace o no hace, eso se llama incumplimiento de deberes", precisó.

En los mismos términos coincidió el jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, y la diputada opositora Norma Piérola, quienes sugirieron ir hacia más arriba. "García Linera tiene que responder cómo es que aparece en una foto con una implicada", dijo Del Granado.

Pero el abogado de Ostreicher, Yimmy Montaño, dijo que deben ser los fiscales los que vean si una foto es suficiente como para llamar a declarar al vicepresidente, que aparece con Cory Balcázar, esposa del fiscal Roberto Achá, estos dos últimos presos en Palmasola.

Piérola consideró, sin embargo, que la investigación se quedará estancada en los mandos medios y será difícil que penetre el Palacio de Evo Morales, porque eso sería admitir la vulnerabilidad.

La legisladora afirmó que estos tres abogados trabajaban directamente con los ministros y con el presidente, porque ejecutaban el trabajo sucio que ellos les encargaban, como enjuiciar a los opositores o fabricar algún delito contra alguien que piense distinto para sacarlo del camino, como lo hicieron con los casos Rózsa, Porvenir, Chaparina o 24 de mayo; lo que no se imaginaron es que estos empezaron a cobrar fuertes sumas de dinero.

El tema de fondo es la corrupción. Sin embargo, el diputado masista Edwin Tupa dijo que el tema de fondo no es la crisis en la justicia, ni la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, porque en otros países se da, la causa principal es la corrupción, que se ha heredado de costumbres coloniales.

A un mes del caso, permanecen detenidos Fernando Rivera, director jurídico del Ministerio de Gobierno; José Manuel Antezana, de gestión pública del Ministerio de la Presidencia; Denis Rodas, exasesor del Ministerio de Gobierno; Gustavo Céspedes, hombre de confianza de Rivera; Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior; Ramiro Ordoñez López, Moisés Aguilera y Miguel Gutiérrez, los últimos tres exfuncionarios de Dircabi; los fiscales de Santa Cruz Isabelino Gómez, Janeth Velarde y Roberto Carlos Achá y su esposa, la contadora Cory Balcázar.

Los cuatro casos que se quedan abiertos

Legitimación de ganancias y estafa. El judío norteamericano Jacob Ostreicher fue arrestado el 3 de enero de 2011, cuando la Fiscalía abrió una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas, porque la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, su socia, le compró una propiedad a Maximiliano Dorado, un traficante buscado en Brasil. El caso está abierto y la pena es de 5 a 10 años, de acuerdo al artículo 185 bis del Código Penal. A su vez, Ostreicher sigue otro proceso penal por estafa contra Liliana Rodríguez.

Corrupción. Son los que vendieron los bienes de Ostreicher. Aquí aparecen detenidos Manuel Antezana, Ramiro Ordóñez López, exfuncionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) en La Paz; Denis Rodas, abogado del ministerio de Gobierno; Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior; y Moisés Aguilera, exejecutivo de Dircabi. A ellos se suman Gustavo Wagner Céspedes (hombre de confianza de Rivera), recluido en Palmasola, Franklin Pedraza Suárez y Eduard Stefane Bellido, estos dos últimos exfuncionarios de Dircabi; y Miguel Gutiérrez Solís.

Extorsión . Es un nuevo caso que se desprende del anterior y aparecen incluidos el ex fiscal de Distrito Isabelino Gómez; el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Ariel Rocha; y los tres abogados de los ministerios de Gobierno, Presidencia y Transparencia, Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas, entre otros, acusados de haber pedido a Ostreicher la suma de 50 mil dólares para dejarlo en libertad. En ese cometido presionaron a dos jueces que accedieron a sus presiones.

Delitos
Hay penas de hasta 10 años

Corrupción. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz la define como requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.

Delitos. Los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, concusión,receptación de bienes obtenidos con hechos de corrupción, establecidos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, contemplan penas de 3 a 8 años de prisión para los acusados, ya sea de recibir dinero, obtener beneficios o ser intermediarios.

Resoluciones contrarias a la ley. La misma norma establece penas de 10 años para los funcionarios que emitan fallos contrarios a las normas jurídicas en forma manifiesta.

Incumplimiento de deberes. La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.

Punto de vista

'El ratón cuida el queso, falta que venga Brad Pitt'

José Luis Santistevan

Analista

La aplicación de la ley y la justicia con beneficio de inventario es una de las características del Gobierno Plurinacional, puesto que los grandes casos de corrupción, como el tráfico de sustancias controladas del Gral. Sanabria, los 33 camiones de contrabando, el sobreprecio del avión presidencial, las visas chinas, la venta de avales y otros, continúan en casa.

La "justicia electa", por el voto de una minoría del pueblo boliviano, ha empeorado la crisis moral y política del Gobierno Plurinacional. Mientras no haya institucionalización del Órgano Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría y el Ministerio de Transparencia no se transforme en un Órgano independiente del Gobierno central, para que el ratón no siga cuidando el queso, la crisis seguirá arrastrando al Gobierno del MAS, así como arrastró al sistema político tradicional.

La oposición debería analizar en forma inteligente la crisis del Gobierno Plurinacional y plantear mejor su discurso y sus acciones para que los ciudadanos le entiendan.

Mientras tanto, los bolivianos pediremos que venga Brad Pitt para que se conozcan otros casos de corrupción, por la salud del país, así como vino Sean Penn a destapar esta olla de corrupción que estaba corroyendo tres ministerios.

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