Al menos tres parlamentarios del MAS, el gobernador de La Paz, legisladores de la oposición, dirigentes de los trabajadores de salud y de los indígenas consideran que el Jefe de Estado debe evaluar y apartar a los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.
El senador del MAS Félix Martínez fue uno de los primeros en pedir la renuncia de las tres autoridades, que en los últimos días fueron convocadas a declarar por la Fiscalía debido al caso red de extorsión.
El diputado Rodolfo Calle coincidió con el alejamiento de estas autoridades para que se sometan a la investigación sin el cargo jerárquico en hombros. Algo más cauto, Galo Bonifaz espera que se refuercen estas tres carteras de Estado mediante una evaluación de las organizaciones sociales, pero prefiere que la justicia siga impulsando la investigación.
La diputada Rebeca Delgado lamentó ayer que el tema se esté “partido-politizando” y pidió aguardar a que finalicen las investigaciones que está realizando la Fiscalía de Santa Cruz, que acompaña el fiscal general Ramiro Guerrero, para conocer los hechos concretos.
El gobernador de La Paz, César Cocarico (MAS), también pidió al Presidente actuar con sabiduría al momento de ratificar o renovar a sus ministros en enero, cuando se prevé el cambio de su gabinete ministerial.
La oposición reafirmó estos pedidos porque existirían evidencias suficientes para involucrar a los mencionados ministros con la red de extorsión.
Marcelo Antezana, senador de Convergencia, expresó que los tres ministros están involucrados en los hechos de extorsión.
José González, ejecutivo de la Confederación de Trabajadores en Salud de Bolivia, señaló que “el presidente Morales debe separar de su gabinete a por lo menos cinco de sus colaboradores por ser éstos infiltrados que están desprestigiando su gestión y el proceso de cambio”. Apuntó a los ministros de la Presidencia, de Gobierno, de Salud, de Minería y de Autonomías.
En Santa Cruz, el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, pidió la renuncia del ex ministro de Gobierno y embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, así como de Quintana, Romero y Suxo “por estar vinculados con la red de corrupción”.
Las autoridades mencionadas negaron, por separado, tener relación con la red de extorsionadores. También se anunció que en enero habrá una renuncia colectiva de ministros.
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