La red de funcionarios bolivianos acusados de extorsionar a reclusos pretendía administrar las propiedades del estadounidense Jacob Ostreicher y por ello hizo todo lo posible para que el empresario permaneciera encarcelado, según el fiscal de distrito de la región oriental de Santa Cruz, Henry Herrera.
En una entrevista con Herrera que publica hoy en su edición digital el diario boliviano La Razón, éste afirmó que la detención de Ostreicher en la cárcel cruceña de Palmasola "era utilizada" por los exfuncionarios gubernamentales y fiscales implicados en la trama "para extorsionar".
"No sólo se trataba del tema del arroz (que produjo Ostreicher en Bolivia y luego le fue incautado), como se creía al principio, sino el objetivo final era la administración de las propiedades del estadounidense", señaló Herrera.
Ostreicher llegó a Bolivia en 2008 para invertir 26 millones de dólares en la producción de arroz en Santa Cruz y fue detenido en 2011 acusado de presunto blanqueo de capitales en un caso relacionado con el narcotráfico, cargo que él niega.
Sus abogados defensores han denunciado insistentemente desde entonces la pérdida de los bienes que le fueron decomisados al empresario tras su detención.
El proceso legal a Ostreicher sufrió retrasos que fueron denunciados por el congresista estadounidense Christopher Smith y por el actor Sean Penn, quien este año viajó tres veces a Bolivia para respaldar al empresario.
El caso dio un giro el pasado 27 de noviembre, cuando el Ministerio de Gobierno informó sobre la existencia de la red de extorsión que supuestamente exigió a Ostreicher 50.000 dólares a cambio de su libertad.
Desde entonces han sido encarcelados en Palmasola doce exfuncionarios estatales, incluidos el abogado y exasesor del ministerio de Gobierno Fernando Rivera, supuesto líder de la red, y los exfiscales Isabelino Gómez, Janet Velarde y Roberto Achá.
Ostreicher logró la libertad condicional el pasado 18 de diciembre, tras 18 meses encarcelado.
El Ministerio de Gobierno recibió más de 80 denuncias de otras supuestas víctimas de la red de extorsión que están siendo revisadas para verificar cuáles tienen sustento y cuáles no.
El fiscal Herrera dijo a La Razón que la investigación del caso "tiene un gran avance", si bien reconoció que es un proceso complejo.
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