Comisión Mixta legislativa elude investigar “tráfico de influencias”

Pese al pedido del presidente Evo Morales y de la oposición, la Comisión Mixta Legislativa elude su cometido principal, que es investigar el “tráfico de influencias” que hubo en la relación personal que tuvo el Mandatario con Gabriela Zapata.

A manera de distraer la atención pública, lo único que hace la Comisión Mixta es considerar la legalidad de los contratos suscritos por el Gobierno con la empresa china CAMC. En el fondo, es una tarea insulsa, porque no radica en ello el problema, sino en las derivaciones que tuvo aquella relación afectiva.

Con o sin consentimiento del Presidente, que es el punto inicial que debe investigar la citada comisión legislativa, la señora Zapata incurrió en serie de ilegalidades, justamente poniendo en práctica el “tráfico de influencias”. Para el efecto, utilizó como su oficina operativa instalaciones de la Presidencia de la República, entre ellas la que corresponde nada menos que a la Primera Dama, en los casos en que los presidentes son casados, lo que no sucede en la situación actual.

CONTRATOS CON LA CAMC

En cuanto a los contratos con CAMC, el trabajo de la Comisión Mixta debe consistir en la preferencia que se tuvo con esta empresa para que el Gobierno firme nada menos que siete contratos, por un total de 560 millones de dólares.

A partir de esa investigación, tendrá que establecer hasta qué punto intervino la señora Zapata para la suscripción de algunos de ellos, como reconocimiento o premio por su aporte, se la designó Gerente Comercial de CAMC, sin que tenga mayor experiencia profesional en la materia, tanto por su edad como por su carencia de estudios académicos.

Por último, investigar también la versatilidad que tendría CAMC para asumir compromisos de ejecutar proyectos nacionales de distinta naturaleza, los antecedentes que tiene para ello y las experiencias que se tienen en el país sobre las obras que pudo ejecutar, así como las que igualmente pudo realizar en el exterior, de donde han emergido informes de haber incurrido en incumplimientos e ineficiencias.

ABANDONO DE TRABAJO

En el caso boliviano, basta anotar que se comprometió a construir un importante tramo ferroviario en Santa Cruz, pero lo abandonó apenas iniciados algunos trabajos.

De otra parte, corresponde destacar que la bancada opositora que conforma la Comisión, de mayoría oficialista, denunció en varias oportunidades que el MAS puso un manto de protección hacia altas autoridades de Gobierno, al restringir la investigación del tráfico de influencias, a funcionarios que pudieron estar comprometidos y tampoco convocó a funcionarios que tuvieron injerencia en la elaboración de los contratos, pero, fundamentalmente a Gabriela Zapata, como personaje central del caso.

IMPUNIDAD EN OTROS CASOS

La oposición reiteró también que hay riesgo de impunidad, como ocurrió en el caso Fondo Indígena y las “barcazas chinas”, porque cree que la estrategia del oficialismo está centrada en culpar a dos o tres personas, dejarlas presas y no tocar a las autoridades implicadas. En el caso CAMC, echarle la culpa sólo a Zapata y personal de menor rango del Ministerio de la Presidencia.

Asimismo, recordaron que en el caso del Fondioc, hasta ahora no se investiga a la exministra del sector, Nemesia Achacollo , pero se optó por enviar a la cárcel a los más débiles; y en el caso de las “barcazas chinas”, sólo afectaron al gerente de una empresa naviera y a un abogado, pero no al Ministro de Defensa de la época en que se firmó el contrato y por adelantado se pagó el monto total del mismo, que ascendió a 28 millones de dólares.

OBSTRUYEN INVESTIGACIÓN

También precisaron que hay una labor obstruccionista de la investigación, es decir, que hay una búsqueda de proteger a como dé lugar a algunas autoridades, observando además una actitud desesperada del MAS en tratar de echarle la culpa solo a Zapata, cuando en estos hechos participó más de una persona.

En su oportunidad, el legislador opositor Óscar Ortiz, dijo: “no se puede concebir el trabajo de la Comisión sin convocar a ministros cabeza de área, presidentes de empresas públicas, gerentes de la empresa china e incluso Gabriela Zapata Montaño, para que en una audiencia pública puedan declarar y ser interrogados por los miembros de la oposición.

Asimismo, indicó que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, tendrá que comparecer ante la Comisión, porque en una dependencia de esa Cartera de Estado, se realizaron reuniones entre la expareja de Morales y empresarios extranjeros, que al final fueron contratados por el Estado.

AUDIENCIAS PÚBLICAS

Según el asambleísta, una modalidad de trabajo debe ser que, luego de cada inspección, se instalen audiencias públicas para que las autoridades y otras personas que sean mencionadas durante la investigación, respondan a interrogatorios públicos.

En tanto, el diputado Wilson Santa María cuestionó el hecho de que la Comisión no esté conformada de forma paritaria, debido a que son 7 los legisladores oficialistas y 5, los asambleístas de oposición, causando el sometimiento de iniciativas opositoras en un tema delicado y que a diario presenta nuevas aristas.

Según la directiva de la Comisión, la investigación debe limitarse a revisar la documentación y asistir a visitas de campo, sin embargo, el legislador considera que con esa actitud no se logrará develar ninguna anomalía. En ese marco, dejó en claro que la oposición continuará insistiendo en conseguir acceso a informes de ingresos y salidas del país y llamadas de varios celulares de los acusados.

Santamaría también se refirió a la diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión, a la que considera una excelente profesional, sin embargo, aclaró que ella tiene un rol en esta Asamblea, que es desestimar de forma autoritaria y prepotente las peticiones de la oposición.