Citado en una nota de prensa, el subcontralor de Servicios Legales, Edino Clavijo, explicó que las empresas mencionadas remitieron a la Contraloría documentos que aseveran que Zapata no tiene ninguna relación laboral, ni como dependiente, ni como socia, ni como representante legal de las empresas citadas, tal como consta en sus documentos de constitución y Registro de Comercio en Fundempresa.
La CGE afirma que suscribió contratos con esas empresas representadas legalmente por Fernando Fraija Bendeck y Mario Alberto Bruun Paz, respectivamente, según la certificación que afirma haber recibido.
Según documentos mostrados por Carlos Valverde en su programa de televisión, ITC fue contratada en dos ocasiones, primero en 2011 (que se declaró desierta) y luego en 2012. El precio de compra por el mismo equipo informático subió de 526 mil bolivianos a 3,04 millones de bolivianos en un año.
La Contraloría explica que adquirió los equipos a través de licitaciones públicas y que las dos empresas cumplieron con todos los requerimientos, requisitos y especificaciones técnicas.
Después que se denunció un presunto tráfico de influencias en adjudicaciones estatales a través de Zapata, también se supo que ofreció productos y servicios a entidades del Estado como representante legal de ITC.
El 19 de abril de 2011, Zapata envió una carta a la Aduana Nacional ofreciendo un software para el Sistema de Gestión de Operaciones Aduaneras y la plataforma inteligente de detención de fraude en hidrocarburos, pero su propuesta fue rechazada. Al pie, firmó como la “Doctora Gabriela Zapata Montaño”, representante legal de ITC.
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