La Contraloría indaga un paquete de 100 proyectos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC), que tiene un costo de 74.600.531 bolivianos, porque los proyectos no habrían sido concluidos, aunque ya hubo desembolsos.
"Los 100 proyectos por 74.600.531 bolivianos son proyectos que han recibido más de un desembolso, pero no han recibido el 100%. La nómina ha sido remitida a la presidenta del Fondo Indígena para que adopte las acciones que corresponde e informe a la Contraloría”, declaró la subcontralora de Auditorías Externas, Olga Suárez.
También hay otro grupo de 169 proyectos que recibió el 100% de los desembolsos, pero no registra "cierres” o la recepción final. Para la ejecución de estos planes se destinaron 132 millones de bolivianos, de acuerdo al informe de la Contraloría General.
"Debemos manifestar que el manejo del Fondo Indígena en el ámbito del sector público deja mucho que desear porque no tenían ni documentación”, declaró el contralor Gabriel Herbas.
En la estructura del Fondo hay una máxima instancia que es la asamblea y está conformada por delegados de todas las organizaciones sociales que tiene un carácter deliberativo y de control social, y un directorio que se constituye en la máxima instancia de decisión, el que es presidida por la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
De acuerdo a la información presentada por la Contraloría, por la falta de seguimiento, monitoreo y control hay obras que no fueron ejecutadas y otras están inconclusas, pese a la transferencia de recursos económicos.
De acuerdo a los procedimientos, el Fondo transfiere recursos a solicitud de las organizaciones, las que registran un representante legal, responsables de comisiones administrativas y de ejecución de obras y un beneficiario, que recibe los desembolsos en una cuenta bancaria.
Estas características están establecidas en el Decreto Supremo 28571 del año 2005. La norma señala también que las responsabilidades de los "beneficiarios” por incumplimiento en la ejecución de las obras estarán sujetos a la Ley de Administración y Control Gubernamentales.
Sin embargo, en términos de responsabilidad, son las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE) las que tienen responsabilidad por el destino, uso y supervisión de los recursos económicos, explicó el contralor.
La Contraloría General del Estado continúa con la indagación de más proyectos de las gestiones 2012 y 2013.
Sobre el Fondo Indígena y sus instancias
Directorio Está conformado por el Ministerio de Desarrollo Rural, que tiene la presidencia, además de dos delegados de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, dos del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu, otros dos de la Confederación de Pueblos Indígenas, dos de Confederación de Comunidades Interculturales, uno de la Asamblea del Pueblo Guaraní, uno de la Federación Bartolina Sisa y delegados de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz y de la Central de Pueblos del Beni.
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