La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Santa Cruz rechazó la denuncia interpuesta por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en contra de altos ejecutivos de la petrolera y otros por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes y servicios públicos, dentro del proceso seguido en contra de Gerson Rojas Terán, encarcelado por beneficiarse ilegalmente de recursos para la adjudicación de las plantas separadoras de líquidos de Río Grande y Gran Chacho, por más de $us 772 millones.
Después de más de dos años que se declarara en silencio la investigación, El Día accedió a la resolución 012274 a cargo de la comisión de fiscales Rose María Barrientos, Yolanda Aguilera y Cándido Blanco firmada el 13 de enero de 2014 en Santa Cruz, por la cual se rechaza la denuncia interpuesta en contra del director jurídico de YPFB, Marcelo David Canseco Fuentes; del gerente nacional de Administración y Finanzas, Edwin Aldunate Luján; del gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos, Mario Salazar Gonzáles y otros por los presuntos delitos de legitimación de ganancias y afectación al Estado.
Ampliación. El rechazo de denuncia también se amplía a favor del vicepresidente de la compañía argentina AESA; Rodoldo Pablo Fernitz; el vicepresidente de la empresa española Técnica Reunidas, Juan Lladó Arburúa; el gerente de Bolpegas, Carlos Carrillo Salinas; el director de proyectos Gran Chaco, Javier Ugarte Méndez; los supuestos propietarios de los predios La Esperanza, Pedro Pérez Barrientos y Teodora Paniagua, y el exgerente de Plantas Separadoras, Carlos Alberto Rojas Terán.
La investigación se inició debido a que el 17 de junio de 2012 fue reportado un hecho de tránsito cuyo protagonista principal resultó ser Gerson Richard Rojas Terán, funcionario de la petrolera estatal, que conducía un vehículo de YPFB en inmediaciones del municipio de Yapacaní, provincia Ichilo de Santa Cruz.
El ahora imputado llevaba consigo 90.000 dólares en una caja de seguridad, dinero que según su declaración procedía al contrato de la planta de Río Grande, que se adjudicó AESA. Del hecho resultó comprometido el exfuncionario Agustín Ugarte Méndez
El 22 de junio de 2012, el extinto presidente de YPFB, Carlos Villegas, pidió iniciar inmediatamente el proceso de investigación por uso indebido de bienes del Estado a raíz de la triple colisión de una movilidad Toyota con placa de circulación KKL-2841 en fecha 17 de junio de 2012 conducida por Gerson Rojas, destituido posteriormente y detenido en la cárcel de Palmasola.
Coadyuvaron con el Ministerio Público. En el transcurso de la investigación, los equipos conformados por YPFB coadyuvaron al Ministerio Público proponiendo diligencias. De acuerdo a la solicitud de la Dirección Legal General de YPFB, se realizó un inventario de la oficina de Gerson Rojas, al haberse elaborado el 28 de junio de 2012 un Acta Circunstanciada por la Dra. Rosse Uriona, notario de Fe Pública de Primera Clase, encontrándose entre sus objetos personales un recibo de depósito bancario por pago de alquiler de cajas de seguridad del Banco Mercantil Santa Cruz, un sello del presidente de la empresa Hytech, una tesis de grado de la Universidad Utepsa perteneciente a la exfuncionaria de YPFB, Vanesa Avilés Méndez, un folder con documentación perteneciente a la empresa Bolpegas y otros documentos que fueron entregados al Ministerio Público. El 28 de junio se aprehendió a Gerson Rojas, imputado por el uso indebido de bienes del Estado. El 29 de junio de 2012, YPFB presentó una querella criminal y solicitó detención preventiva en audiencia pública. A la fecha guarda detención en el Centro de Rehabilitación Palmasola. El 4 de julio de 2012, el presidente de YPFB instruyó inmediatamente la ampliación de la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito.
Investigación
Tenían influencias en la evaluación de la comisión calificadora
Investigación. De acuerdo a la declaración informativa ampliatoria de Gerson Rojas, realizada el 30 de octubre, Marcelo David Canseco Fuentes, Mario Salazar Gonzáles y Edwin Aldunate Luján tenían cierta influencia en criterios de evaluación de la comisión calificadora, la forma de evaluación de la experiencia específica de los proponentes, intervinieron negociando con empresas que superaron la calificación mínima y el precio referencial, interviniendo en la aprobación del documento base de contratación de la comisión calificadora y comisión de negociación. Los tres altos ejecutivos de YPFB, según Rojas, estuvieron encargados de concluir con la adjudicación de las empresas para ambos proyectos e intervinieron en negociación de los procesos de adjudicación de los proyectos de la planta de separación de Río Grande y Gran Chaco. A pesar de haberse ampliado la denuncia, los 3 no fueron incluidos en la imputación./JM
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