El director Jurídico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Marcelo Canseco y la asesora legal, Mónica Ramírez, fueron alejados de sus cargos ayer; un abogado de la petrolera afirmó que fue por razones de reestructuración de personal, mientras que fuentes extraoficiales sostienen que fueron destituidos de sus cargos por supuestos hechos de corrupción.
“Es una reestructuración que se viene dando permanentemente, no se olviden que hay contratos que se rescinden, que duran un año”, afirmó el asesor legal de YPFB, Williams Alabe, al referirse al alejamiento de Canseco y de Ramírez de la petrolera.
Sin embargo, fuentes vinculadas a YPFB señalaron que Ramírez fue destituida por no haber desvirtuado la denuncia que realizó Ana Belén Camacho en su contra. La sindicada de ser parte de la presunta red de corrupción que operaba desde la estatal petrolera, aseguró que Ramírez le habría pedido 10.000 dólares a cambio de sacarla “limpia” del proceso que se le sigue.
La aludida reaccionó entonces con la advertencia de querellarse penalmente en contra de Camacho, por los delitos injurias y calumnias, y pidió pruebas de su supuesta extorsión.
En el caso de Canseco, la Unidad de Investigaciones Financieros (UIF) evidenció que su patrimonio no tenía relación con sus ingresos, y que sus declaraciones juradas ante la Contraloría General del Estado (CGE) se contradijeron. La Fiscalía abrió un proceso de investigación sobre el caso. El exdirector jurídico de YPFB declaró el año 2009, el derecho propietario sobre un departamento valuado en 315.000 bolivianos; sin embargo, el mismo inmueble fue valorado cuatro años después en 210.000 bolivianos. Su patrimonio creció desde el 2007 de 133.158 bolivianos a 308.599 bolivianos en 2014, pero evitó mencionar algunos bienes entre los que están vehículos de lujo.
Cese de detención preventiva
Por otra parte, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz rechazó ayer el cese a la detención preventiva que fue solicitado por la exjefa de la Unidad de Comunicación de YPFB, Selva Camacho, su hijo Luis Bell y Yalile Bravo, quienes son investigados dentro de la presunta red de corrupción al interior de la petrolera estatal.
Camacho, sostuvo que, a pesar de esta determinación de las autoridades judiciales, existe un gran avance para que pueda obtener su libertad y defenderse desde el llano junto a sus hijos y su familia.
“No va a ser posible que me defienda en libertad, pero agradezco el fallo de los vocales porque se enmienda en algo todos los atropellos la violaciones a nuestros derechos que se hizo, y bueno yo creo que está más corto el camino hacia nuestra libertad”, manifestó tras concluir la audiencia realizada ayer por la mañana.
Asimismo, lamentó que se le haya congelado el salario, el subsidio que recibe por su hijo de tres meses y la atención en la Caja de Salud.
Selva Camacho se encuentra recluida en el penal de Palmasola Santa Cruz aproximadamente tres meses. En tanto, su abogado Ramiro Vega dijo que el Tribunal judicial vio errores en el actuar del Ministerio Público y de la Policía que aprehendió a su cliente violando derechos constitucionales y humanos, pero aún existen procedimientos a realizar para conseguir la libertad de su cliente: “A Selva Camacho se le ha otorgado detención preventiva por cuatro riesgos de los cuales este tribunal ha determinado que tres no existen y nunca han existido; sólo hay uno, la única razón por lo que se ha decidido mantener separada a Selva Camacho de sus hijos. Hay varios imputados no se ha determinado que Selva podría influenciar en la gente” dijo.
Citan a 10 personas
• La comisión de fiscales encabezadas por Roger Velasquez, que investiga los hechos de YPFB, citó para los siguientes días a 10 personas, entre funcionarios de la estatal petrolera y particulares en calidad de testigos para esclarecer los supuestos ilícitos denunciados en la Petrolera.
• Se recibirán las declaraciones de Cristian Inchauste (Gerente general) y Gerson Camacho, director Nacional de Seguimiento a la Gestión Empresarial de Subsidiarias.
• Se los convocó en calidad de testigos, entre funcionarios y personas que no lo son y que contribuirán a esclarecer los hechos.
Deudas
Ramiro Vega, abogado de Luis Alejandro Bell, representante de la empresa Bravo, en el caso de la red de corrupción en YPFB, señaló que el Ministerio de Comunicación adeuda a su defendido Bs 400 mil por la ejecución de dos contratos en el que entregó mil memorias flash y 450 poleras, con motivo de la Reunión Conmemorativa del 50º Aniversario del G77+China.
“Se han ejecutado dos contratos, una de las poleras y la otra de las memorias USB. Se han entregado mil USB y 450 poleras, de esto se pagó la mitad, 400 mil bolivianos, y el Ministerio de Comunicación aún adeuda 400 mil bolivianos”, .
La viceministra de Políticas Comunicacionales del Ministerio de Comunicación, Claudia Espinoza, mediante el sitio web del Ministerio respondió que “nunca se efectuó contrato con la empresa Bravo y por lo tanto no se realizó ningún pago”.
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