El abogado y juez cautelar de Santa Cruz, que en 2009 se opuso a que el proceso por el denominado caso terrorismo sea cambiado a otro distrito del país, Luis Tapia Pachi, retornó ayer de forma sorpresiva de Brasil donde se fue y ofreció una conferencia de prensa para afirmar que vuelve por su propia voluntad.
Sin embargo, Tapia alertó por su vida y la de su familia y dijo que si les pasara algo o corrieran algún peligro, el Gobierno será responsable.
“Cualquier situación de aquí en adelante que hubiese, algún atentado, alguna situación ilegal o violación de la ley en contra de mi familia y mi persona, el responsable será el Gobierno. Está en obligación de darme garantías”, dijo.
Luis Tapia Pachi se fue del país en 2010 después que el Ministerio Público iniciara un proceso por prevaricato y desobediencia a procedimientos penales. El juez se refugió en Brasil donde estuvo por más de cuatro años.
Los antecedentes dicen que Tapia Pachi presidia en 2009 el Juzgado Octavo de Instrucción Cautelar y que le fue asignado el caso terrorismo. Empero, no quiso que el proceso pase a ventilarse de Santa Cruz a La Paz y desde entonces fue perseguido, según lo recordó ayer en su domicilio, donde se presentó ante los periodistas junto a su familia en pleno.
A mediados de 2010 el juez Tapia Pachi se declaró en la clandestinidad denunciando que uno de sus hijos por poco fue secuestrado y que vivía una situación insostenible junto a su familia.
El juicio oral por el caso denominado terrorismo 1 se ventila hoy en Santa Cruz, pero el Tribunal Primero de Sentencia que desarrolla el proceso es de La Paz y está presidido por Sixto Justo Fernández.
Las audiencias se llevan a cabo con una frecuencia quincenal y en presencia de 18 de los 21 imputados por el exfiscal Marcelo Soza, quien fugó del país y también está refugiado en Brasil.
De los 18 acusados sólo Ignacio Villa Vargas “El Viejo” se ha declarado culpable del delito de terrorismo en condición de cómplice y ha pedido ser sometido a procedimiento abreviado.
Tapia Pachi abandonó el país a fines de 2010 y el Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil le otorgó refugio político.
El juez boliviano pasó la mayor parte de estos años en la fronteriza ciudad de Corumbá.
Ayer, el juez dijo también que nunca hizo abandono de su cargo y que le corresponde ser restituido, porque salió del país debido a la falta de garantías. Aseveró que en las próximas horas se presentará ante la Corte Superior del Distrito para reclamar su puesto.
Ayer se buscó al presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero Palma, pero en su oficina lo disculparon asegurando que estaba muy ocupado.
Condenan a fiscal Mollinedo
El exfiscal de La Paz, Edwar Mollinedo, acusado y comprometido con la red de extorsión y corrupción que fue desbaratada a finales de 2012 y principios de 2013, fue condenado ayer a tres años de privación de libertad por el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal de la capital de Santa Cruz, que se constituyó en la cárcel de Palmasola, donde guarda detención en acusado, para llevar a cabo la audiencia. El abogado Andrés Ritter informó ayer que Mollinedo ya lleva un año y once meses detenido y saldrá libre luego de cumplir los dos tercios de la pena impuesta.
Mollinedo fue aprehendido por decisión del Ministerio Público de Santa Cruz que lo investigó por su implicación con la red de extorsión en la que también cayeron abogados del Ministerio de Gobierno, jueces y otros fiscales. Además de Mollinedo los que se han declarado culpables de la red de extorsión y pidieron juicio abreviado son: Gustavo Céspedes, Cori Balcázar, Miguel Gutiérrez, Isabelino Gómez, Roberto Achá, Ramiro Ordóñez y Manuel Antezana, además de los exasesores del Ministerio de Gobierno Denis Rodas y Fernando Rivera.
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